Por y para las personas con discapacidad y sus familias, una menor carga administrativa

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y el Ministerio de Hacienda y Función Pública han suscrito un convenio para la identificación y reducción de cargas administrativas que afectan a este colectivo y a sus familias y su reducción en el bienio 2023-2024.

Así consta en la Resolución de 7 de junio de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública publicada en el BOE, según la cual el convenio persigue "seguir avanzando en la línea de trabajo colaborativo entre ambas partes, asegurando más efectivamente la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la emancipación social de las personas con discapacidad a través de la identificación y planteamiento de propuestas concretas de reducción de cargas administrativas".

En concreto, el objeto del convenio es establecer los términos de la colaboración entre el Ministerio y el Cermi para:

• Identificación de cargas administrativas que afecten al colectivo y sus familias.
• Elaboración de propuestas de simplificación.
• Mejora de los servicios prestados por la Dirección General de Gobernanza Pública a la ciudadanía y cualquier otra temática que establezcan las partes, mediante el oportuno acuerdo de la Comisión de Seguimiento del convenio.

El acuerdo afecta a la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias

Para la elaboración de las propuestas concretas de reducción de cargas y simplificación administrativa, serán documentos de referencia la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Por lo que respecta a las actuaciones a emprender por el Cermi para el cumplimiento del objeto del convenio, realizará propuestas para la reducción de cargas administrativas en los sectores y procedimientos seleccionados como “prioritarios”.

En este sentido, el Cermi asume el compromiso de analizar e identificar las cargas administrativas que sean susceptibles de ser “eliminadas y reducidas”, así como de la formulación de las propuestas de “simplificación” administrativa que resulten “pertinentes”.

Para la identificación de trabas y la concreción de las propuestas, el Cermi diseñará propuestas de simplificación administrativa y de mejora en la regulación que afecta a las personas con discapacidad, "orientadas a eliminar las barreras burocráticas existentes. Dichas propuestas serán concretas y contrastadas e irán destinadas a contribuir en el impulso y mejora de la relación de las personas con discapacidad con la Administración", según el texto.

Asimismo, el Cermi aportará la información y documentación en el formato que la Administración le indique con el fin de establecer una base de datos de propuestas de reducción de cargas para las personas con discapacidad y simplificación que facilite el seguimiento de las mismas.

Con carácter general, se llevarán a cabo iniciativas de difusión sobre las actividades realizadas en el ámbito del convenio, estudio e intercambio de información entre las partes firmantes, diseño y recopilación de información, contraste de iniciativas e implantación de actuaciones de la Administración General del Estado sobre mejora de la regulación y reducción de trámites administrativos, así como a la consolidación de la comunicación e intercambio de información entre el Ministerio y el Cermi.

Seguimiento también por parte del Ministerio de Hacienda

Por su parte, el Ministerio prestará asesoramiento y asistencia sobre simplificación administrativa y reducción de cargas administrativas para ciudadanos y empresas, así como sobre el Método Simplificado de medición de cargas administrativas, hará seguimiento de los trabajos realizados por la organización y establecerá la convocatoria para la constitución de la Comisión de Seguimiento.

Junto a ello, se encargará de la remisión de las propuestas presentadas por la organización a los departamentos ministeriales competentes y elaborará un informe de seguimiento con las valoraciones de los Departamentos, que será remitido al Cermi.

El coste total de la financiación de las actividades derivadas de la suscripción del convenio es de 37.700 euros y dicho importe será repartido en dos anualidades de 18.850 euros.

El Ministerio se compromete a financiar dicho coste para las personas con discapacidad con una aportación de 34.800 euros, repartido en dos anualidades de 17.400 euros cada una y el Cermi aportará a dicha financiación 2.900 euros, repartidos en dos anualidades de 1.450 euros cada una.