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La organización ambiental SEO/BirdLife ha solicitado este viernes al ministro Félix Bolaños, titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que impulse con carácter “urgente” y con un enfoque “ambicioso” la adaptación de la normativa española a la Directiva europea sobre protección del medio ambiente y contra los delitos ambientales a través del Derecho penal. El plazo para completar esta transposición finaliza el próximo 21 de mayo, lo que añade presión a una reforma que, según la ONG, no puede demorarse.
La entidad conservacionista insiste en que esta adaptación legal debe estar a la altura de la complejidad y gravedad que presenta actualmente la delincuencia ambiental, un fenómeno que ha evolucionado hasta convertirse en una amenaza global con importantes consecuencias.
Un hito en el Derecho penal ambiental europeo
En una carta dirigida al ministro, SEO/BirdLife destaca que esta Directiva representa un avance histórico en la consolidación de un marco penal ambiental común en Europa. Según la organización, los delitos ambientales figuran entre las actividades ilícitas más lucrativas y menos perseguidas a nivel internacional, con un carácter frecuentemente transnacional.
Además, advierte de que sus efectos son especialmente destructivos, ya que impactan directamente sobre la biodiversidad, la salud pública y el equilibrio climático. Por ello, consideran imprescindible que España adopte una postura firme y alineada con los estándares europeos más exigentes.
El análisis técnico y jurídico elaborado por SEO/BirdLife concluye que la incorporación de esta Directiva al ordenamiento español requiere una modificación profunda del Código Penal. En concreto, la ONG subraya la importancia de revisar y ampliar el catálogo de delitos ambientales para asegurar que todas las conductas recogidas en el artículo 3 de la normativa europea queden adecuadamente tipificadas.
Aunque algunas de estas conductas ya aparecen recogidas en la legislación española, muchas lo hacen de manera fragmentaria o incompleta. Otras, sin embargo, ni siquiera cuentan con una tipificación específica en materia ambiental, lo que genera lagunas legales importantes.
Vacíos legales en actividades contaminantes
Entre los ejemplos señalados por la organización se encuentran prácticas como la gestión inadecuada de instalaciones industriales peligrosas, que pueden incumplir normas sobre emisiones o prevención de accidentes graves. También destacan actividades como el reciclaje ilegal de buques, la extracción ilícita de recursos hídricos con impacto severo en los ecosistemas o el uso indebido de sustancias reguladas, como el mercurio o los gases fluorados.
Asimismo, preocupa la comercialización de productos vinculados a la deforestación, una actividad que sigue teniendo una presencia relevante en los mercados internacionales y que contribuye significativamente a la degradación ambiental.
Otro de los aspectos clave señalados por SEO/BirdLife es la necesidad de revisar el sistema de penas. La ONG considera que las sanciones deben ser efectivas, proporcionales y disuasorias, en línea con los estándares europeos. También propone incorporar de forma clara la figura de la imprudencia grave dentro de los delitos ambientales, con el objetivo de evitar que daños de gran magnitud queden minimizados por reducciones automáticas de las penas.
Además, reclaman un desarrollo más sólido de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, especialmente en el ámbito ambiental. Esto permitiría exigir cuentas a empresas y grandes operadores económicos implicados en actividades dañinas para el entorno.
SEO/BirdLife también pone el foco en la necesidad de reformar el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El objetivo sería ampliar la jurisdicción de los tribunales españoles para perseguir delitos ambientales graves cometidos fuera del país.
Actualmente, la exclusión de estos delitos del ámbito de la justicia universal puede favorecer situaciones de impunidad, especialmente cuando empresas toman decisiones desde España que generan daños ambientales en otros países con normativas más laxas.
La Directiva europea introduce además una categoría de delitos agravados para aquellas conductas intencionadas que provoquen daños extensos, duraderos o irreversibles. Este concepto se aproxima a la idea de ecocidio, un término cada vez más presente en el debate jurídico internacional.
Para SEO/BirdLife, este avance refuerza la necesidad de que España adapte su sistema legal para responder adecuadamente a la magnitud de estos delitos ambientales y proteger de forma efectiva el medio ambiente.
Impacto sobre la biodiversidad
La organización advierte que los delitos ambientales tienen consecuencias especialmente graves sobre la fauna silvestre, en particular sobre las aves. Muchas de estas infracciones están relacionadas con la captura ilegal, el tráfico de especies, el envenenamiento o la destrucción de hábitats naturales.
Según el informe “The Killing 3.0”, elaborado por BirdLife International con la participación de SEO/BirdLife, millones de aves son capturadas o comercializadas ilegalmente cada año en Europa y la región mediterránea. Esta actividad constituye uno de los principales factores de pérdida de biodiversidad, solo superado por la destrucción de hábitats.
Un caso reciente ilustra la magnitud del problema: en Orihuela (Alicante), una operación policial permitió interceptar cerca de 400 jilgueros capturados ilegalmente y transportados en condiciones extremas con destino a Francia. Durante el traslado, decenas de ejemplares murieron.
Este tipo de situaciones, según la organización, reflejan la urgencia de reforzar el marco legal y garantizar una respuesta contundente frente a la criminalidad ambiental.
Una oportunidad para liderar en Europa contra los delitos ambientales
Finalmente, SEO/BirdLife subraya que España tiene la oportunidad de situarse a la vanguardia en la protección del medio ambiente dentro de Europa. No aprovechar este momento, advierten, supondría enviar un mensaje de permisividad frente a la degradación de la naturaleza y perpetuar un modelo que pone en riesgo tanto los ecosistemas como el bienestar de la sociedad.
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