La odisea que supone acceder a un tratamiento de reproducción asistida en la Sanidad pública

El Ministerio de Sanidad aprobó hace nada una orden para que el Sistema Nacional de Salud sufrague la reproducción asistida a todas las mujeres, independientemente de su orientación sexual y de su estado civil, así como a las personas trans con capacidad gestante, es decir hombres que nacieron oficialmente mujeres y cambiaron de sexo registral.

A efectos prácticos, esta última es la mayor ampliación que se produce, ya que la mayoría de las comunidades autónomas ya incluían en su cartera de servicios los tratamientos de fertilidad a lesbianas, bisexuales y mujeres solteras.

Presentar problemas de fertilidad tras “12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos” era un requisito imprescindible para acceder a este servicio público. La falta de varón no es un problema médico.

Ahora muchas mujeres echan la vista atrás porque aunque esta noticia es súper bienvenida llega muy tarde. Muchas personas no ha podido acceder a la fecundación in vitro en la sanidad pública solo por el hecho de no tener pareja.

Una injusticia incluso para aquellas mujeres que sufrían enfermedades como la endometriosis, que limitan mucho sus probabilidades de quedarse embarazadas si no es con fecundación in vitro, como ocurrió con un caso que llegó al Defensor del Pueblo de Navarra en 2019.

En el camino, tres años de intentos, unos 20.000 euros gastados en la sanidad privada a base de trabajos extra y renuncias, además de varios intentos de inseminación.

Además, recordamos que la norma incluye otra discriminación que no se ha reparado: la sanidad pública no permite el uso de estas técnicas de reproducción asistida si la mujer tiene ya algún hijo sano, o si una pareja tiene ya alguno en común. Eso se traduce en que una mujer que haya tenido un primer hijo en pareja y quiera buscar un segundo sola no podrá acceder, pero sí aquellas que lo hagan con una pareja distinta.

Con esta última decisión, el Gobierno iguala el acceso para estas mujeres en toda España en la sanidad pública. Pero, incluso cuando hay una norma común de mínimos, esa cartera básica, algunas comunidades autónomas interpretan de forma restrictiva ese decreto o, directamente, lo incumplen, tanto en cómo interpretan los límites de edad, como en el número de oportunidades para quedarse embarazada o, incluso, en el estado físico que debe tener la mujer para someterse a los tratamientos.

¿Qué requiere la Seguridad Social para cubrir un tratamiento de reproducción asistida?

En un entorno donde la media de maternidad del primer hijo ha subido en la última década de 29,82 a 31,22 años, cada vez más mujeres se encuentran en la situación de querer concebir con más de 35 años. 

El límite de edad de la mujer varía según el tratamiento, pero suele situarse entre los 38 y los 40 años:

• 38 años para una inseminación conyugal.
• 40 años para la inseminación artificial con donante.
• 40 años para la fecundación in vitro.

En el caso de los hombres, el límite de edad se sitúa en 55 años.

Pero lo cierto es que hay comunidades autónomas que retuercen el sentido de la norma y acaban expulsando a mujeres del sistema público antes de tiempo. Y es que esa letra pequeña en los límites de edad es muy importante teniendo en cuenta las listas de espera, que pueden llegar a ser de años. En Madrid y País Vasco, por ejemplo, si cumples 40 años entre ciclo y ciclo, interrumpen el tratamiento. Su argumento interpreta de forma muy restrictiva el sentido de la norma estatal: entienden que ese “estudio” se hace antes de cada ronda y no una vez al principio y ya.

La Seguridad Social no cubre los casos en los que exista una esterilización voluntaria (como una vasectomía o ligadura de trompas) de uno de los miembros de la pareja.

Otras barreras pueden dejar a la mujer fuera de lo público

Las más relevantes son las relacionadas con el número de intentos que cubre la sanidad pública y que, una vez más, aunque exista una norma de mínimos estatal, depende de dónde vivas. Tanto la norma estatal como las reglas en la gran mayoría de comunidades marcan el tope en in vitro en tres intentos. Menos La Rioja, más generosa, con cuatro. Al otro lado está Cataluña, que no cumple los mínimos estatales y lo reduce a dos si el esperma es donado (aunque puede subir a tres si la mujer tiene menos de 35 años).

En inseminación artificial, la norma general da hasta seis intentos con semen de donante y cuatro con semen de pareja. Al ser una técnica menos efectiva, se puede entender que se pase a in vitro antes de agotar todos los intentos, pero en ese caso se debería permitir, si no funciona, volver a intentarlo hasta que se agoten todas las opciones que da la cartera común de la sanidad pública. En este asunto la variedad y, por tanto, las comunidades que no cumplen, es mucho mayor.

La condición física de la persona que se va a someter al tratamiento, la tenencia de hijos previos o el copago de los medicamentos o el semen son otras barreras de acceso a la reproducción asistida pública. 

En España hay 120 centros de titularidad pública con servicios de reproducción asistida

Una gran mayoría de estos centros ofrece inseminación artificial, pero no ocurre lo mismo cuando hablamos de fecundación in vitro, una técnica más cara y compleja. 

Dos de cada tres de esos centros no lo hacen, según información publicada en CIVIO. Es más, en 15 provincias (entre las que están todas las de Castilla y León excepto Valladolid, así como Cáceres, Cuenca o Tarragona) no hay centros públicos que realicen in vitro, por lo que los pacientes tendrán que desplazarse a otra provincia.

Es incluso más complicado para Ceuta y Melilla: no ofrecen estas prestaciones en sus sistemas de salud -dependientes del Ministerio- y, al menos en Melilla, las personas que necesiten estas técnicas serán derivadas al Hospital Materno de Málaga.

Listas de espera para reproducción asistida en España

De los pocos datos disponibles sobre el tiempo de espera para reproducción asistida, encontramos que en la Comunidad de Madrid, en 2018, en tres hospitales públicos había más de un año de espera para tener la primera consulta en reproducción asistida, según publicaba El País después de haber accedido a una auditoría interna.

Esta cifra, además, se elevaba hasta los tres años para comenzar el primer tratamiento en el Hospital Clínico San Carlos (Madrid).

En el Hospital Universitario Cruces (Barakaldo) el tiempo de espera entre la inclusión en la lista de espera y la fecundación in vitro es de unos nueve meses, como indican en su propia página web.

También sabemos que Castilla y León, a 31 de diciembre de 2020, tenía medio centenar de personas esperando una primera consulta para reproducción asistida en el Hospital Universitario Rio Hortega (Valladolid) y otra decena esperando en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Estos son los dos únicos hospitales de la comunidad que realizan in vitro, por lo que, independientemente de en qué parte de Castilla y León vivas, tendrás que desplazarte hasta esa ciudad si quieres someterte a este tratamiento por lo público y apuntarte a esa lista.