Los presidentes del Cermi y del TC se reúnen para hablar sobre discapacidad

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, se ha reunido con el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro José González-Trevijano Sánchez, para exponer las preocupaciones del movimiento social de la discapacidad español en materia de derechos fundamentales y libertades públicas.

Con motivo de su nombramiento como nuevo presidente del Tribunal Constitucional, el Cermi solicitó una entrevista con Pedro José González-Trevijano para hacerle partícipe de la agenda de asuntos del sector social de la discapacidad con mayor relevancia constitucional.

En la reunión, el máximo dirigente del Cermi expresó su valoración positiva de la última jurisprudencia constitucional sobre temas de discapacidad, que recoge el enfoque de igualdad de trato y no discriminación en materias como el empleo o el acceso a los servicios sociales

Reforma Constitucional

El presidente del Cermi dio a conocer a su homólogo en el TC su posición sobre la reforma en curso del artículo 49 de la Constitución, dedicado a las personas con discapacidad, e insistió en la necesidad de reforzar en nuestra Carta Magna la promoción y protección de los derechos sociales.

La citada reforma del artículo 49 de la Constitución fue una iniciativa del Gobierno a partir de la propuesta de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad y ha contado con la participación del Cermi, organismo que ha presionado para que el nuevo texto constitucional recoja los aspectos que este colectivo considera fundamentales.

El artículo 49 de la Constitución supuso un gran avance en la protección de las personas con discapacidad, para quienes previó un ámbito concreto de protección. Además, en 2006 se aprobó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, un punto de inflexión en el reconocimiento y protección de sus derechos.

La reforma propuesta actualizará el artículo 49 de la Constitución para adaptarlo a la Convención de 2006, que España ratificó en 2008. Las modificaciones contempladas son íntegras: afectan tanto al lenguaje como a la estructura y contenido del artículo. No obstante, la oposición de los partidos PP y Vox ha puesto en riesgo la reforma, que necesita una mayoría reforzada de 3/5, tanto en el Congreso como en el Senado.

A propósito del veto de ambos partidos, el presidente del Cermi ha reclamado el máximo consenso en una entrevista concedida a El País. "La discapacidad debe generar adhesiones porque no tiene un carácter ideológico o partidista. Se trata de un asunto de derechos humanos (...) Nos duele que haya partidos que se opongan porque es una necesidad social y una demanda”, insistió.

Acción positiva

De aprobarse, el nuevo artículo 49 fijará los objetivos que deben orientar la acción positiva de los poderes públicos: conseguir la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas deberán respetar siempre la libertad de elección y preferencias del colectivo.

No en vano, la reforma incluye expresamente la participación de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, con el fin de que cooperen activamente en la adopción de las políticas públicas que les afecten.

Entre otras novedades que recoge, la reforma destaca la situación de especial vulnerabilidad que sufren las mujeres y niñas con discapacidad. Una realidad que justifica claramente que el nuevo artículo 49 de la Constitución haga una alusión expresa a la atención específica de sus necesidades.

Los principios constitucionales de igualdad y prohibición de la discriminación deben aplicarse en la práctica. Las personas con discapacidad necesitan una protección especial, y deben recibir una atención especializada para hacer efectivo el disfrute de los derechos que la Constitución otorga a toda la ciudadanía.

Avances legislativos

El presidente del Cermi compartió asimismo con el del Tribunal Constitucional los avances legislativos para la inclusión de las personas con discapacidad promovidos desde la sociedad civil: la extensión del derecho de voto, la abolición de la esterilización forzosa, la reforma civil para implantar la igual capacidad jurídica civil de las personas con discapacidad o la próxima regulación legal de la accesibilidad cognitiva.

Finalmente, el Cermi ofreció información sobre el impacto del Covid en los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, y expuso la necesidad de fortalecer su protección en casos de crisis masivas de salud pública, con extensión a los ámbitos económico y social.