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Cada año, España destina cerca de 19.600 millones de euros a hacer frente a las consecuencias del sobrepeso y obesidad, una cifra que equivale a 401 euros por habitante y representa alrededor del 1,2% del producto interior bruto (PIB). Estos datos, recogidos en el informe ‘La carga económica del sobrepeso y obesidad en Europa’, elaborado por la Office of Health Economics (OHE) para la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (Efpia), revelan un impacto que trasciende el ámbito sanitario y se extiende a la productividad, el empleo y el bienestar social.
La magnitud de esta carga económica es tal que, según ha destacado Farmaindustria, supera el gasto público destinado a ámbitos tan esenciales como la defensa o la vivienda. El estudio, que analiza la situación en ocho países europeos (Alemania, Francia, Italia, España, Irlanda, Grecia, Rumanía y Reino Unido), pone de manifiesto que el impacto de un índice de masa corporal (IMC) elevado va mucho más allá del sistema de salud, afectando de lleno a la economía productiva del país.
Desglose de la factura: lo que paga el sistema sanitario del sobrepeso y obesidad
En el caso de España, los costes directos, aquellos vinculados a la atención médica, ascienden a 14.900 millones de euros, lo que supone el 76% del total. Dentro de esta partida, las enfermedades musculoesqueléticas lideran la lista con 4.300 millones de euros, seguidas de la diabetes tipo 2 (3.000 millones), las enfermedades cardiovasculares (2.700 millones) y la enfermedad renal crónica (1.700 millones). Estas patologías, estrechamente ligadas al exceso de peso, concentran la mayor parte del gasto sanitario asociado al IMC elevado.
Los costes indirectos, que reflejan las pérdidas de productividad y el impacto social, alcanzan los 4.700 millones de euros, el 24% restante. El absentismo laboral y la inactividad económica suponen 1.300 millones de euros cada uno; el presentismo (trabajar con menor rendimiento por problemas de salud) y los cuidados informales, 900 millones respectivamente; y la mortalidad prematura, 300 millones. Aunque esta carga indirecta equivale aproximadamente a un tercio de los costes directos, una proporción menor que en algunos de los países analizados, las elevadas tasas de absentismo hacen que el impacto sobre la productividad siga siendo considerable.
El panorama europeo: una epidemia con rostro económico
En el conjunto de Europa, el 56% de la población tiene sobrepeso y obesidad, proporción que alcanza a uno de cada tres niños. En los ocho países estudiados, el IMC elevado se asocia cada año con 278.000 muertes y la pérdida de ocho millones de años de vida saludable. Los costes anuales oscilan entre el 0,6% y el 1,4% del PIB, mientras que entre el 18% y el 58% del impacto total corresponde a pérdidas de productividad por mortalidad prematura, inactividad económica, absentismo, presentismo y tiempo dedicado a cuidados.
El informe mostró además la estrecha relación entre el IMC elevado y distintas enfermedades no transmisibles. Se le atribuye cerca del 60% de los años de vida saludable perdidos por diabetes tipo 2, el 45% de los ocasionados por enfermedades digestivas y el 32% de los vinculados a la enfermedad renal crónica. Estos datos refuerzan la necesidad de abordar de forma conjunta la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, también en el marco de la aplicación del Plan Europeo de Salud Cardiovascular.
La respuesta española: una estrategia en marcha
España aprobó recientemente el Documento de Desarrollo de la Estrategia de Cronicidad del Sistema Nacional de Salud 2025-2028, que identifica el sobrepeso y obesidad como un problema de salud prioritario. Su línea estratégica específica plantea reforzar la prevención y el control mediante entornos y estilos de vida más saludables, evaluaciones que vayan más allá del IMC y tratamientos optimizados e individualizados, prestados por equipos interdisciplinares y apoyados en recursos comunitarios. La estrategia incorpora asimismo las comorbilidades, los determinantes sociales, la desestigmatización y los factores psicoemocionales, con especial atención a las poblaciones vulnerables.
No obstante, el análisis identificó barreras a lo largo de todo el continuo asistencial. Según señala el informe, los medicamentos para el tratamiento de la obesidad no están financiados con carácter general por el Sistema Nacional de Salud, lo que limita el acceso de gran parte de las personas que viven con esta enfermedad. A ello se añaden las largas listas de espera, las diferencias territoriales y la limitación de recursos que condicionan el acceso a la cirugía metabólica y bariátrica en el sistema público.
Cinco claves para reducir la carga económica
El estudio planteó también cinco líneas de actuación para abordar la carga económica sobrepeso y obesidad, en línea con la implementación del EU Safe Hearts Plan y su objetivo de reducir la mortalidad cardiovascular prematura para 2035: reconocer la obesidad como enfermedad, combatir el estigma asociado al peso, mejorar el acceso a la prevención y al tratamiento, generar evidencia para orientar la inversión e integrar la obesidad en el Plan Europeo de Salud Cardiovascular.
En definitiva, sobrepeso y obesidad no son solo un problema de salud individual, sino un desafío económico y social que requiere una respuesta coordinada, basada en la evidencia y con recursos suficientes para garantizar la equidad en el acceso a la prevención y el tratamiento.
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