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La Paz, 13 mar (EFE).- El número de muertos en un enfrentamiento a tiros entre militares y ladrones de mineral en la región boliviana de Oruro subió a cuatro en las últimas horas, informaron este miércoles fuentes policiales.
El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, William Cordero, confirmó a los medios que los fallecidos ya son cuatro, "por la gravedad de las lesiones" causadas por el impacto de "proyectiles de armas de fuego".
El suceso ocurrió el martes en la noche cerca de un puesto de control del Ejército boliviano en la carretera que une a la localidad orureña de Huanuni y la de Llallagua, en la región vecina de Potosí.
Los atacantes llegaron hasta el lugar, conocido como El búnker Kataricagua, en al menos tres vehículos y abrieron fuego contra los militares, además de lanzarles cargas de dinamita, explicó más temprano el ministro de Defensa de Bolivia, Javier Zavaleta.
"La patrulla destinada al lugar tuvo que responder al fuego de los atacantes con sus armas en defensa propia", afirmó.
El ministro remarcó que los militares "respondieron al fuego en defensa propia" y ante un "ataque directo" de los ladrones de mineral, que en la zona andina de Bolivia se conocen como "jukus".
Según Zavaleta, es el segundo ataque que sufren los uniformados en las últimas semanas, pues el pasado 28 de febrero personas "armadas con armas de fuego y dinamitas" cargaron contra una patrulla también en Huanuni y dejaron heridos a cuatro militares.
Las autoridades nacionales presentaron una denuncia ante el Ministerio Público por los sucesos del martes.
El ministro Zavaleta señaló que la información preliminar que tienen es que los ladrones que atacaron el martes provienen de Llallagua y que "no son mineros, o personas trabajadoras del lugar", sino que son "delincuentes" porque abrieron fuego contra los militares "sin ninguna provocación".
El Ejército está a cargo desde 2008 de la seguridad externa en la mina Huanuni, en Oruro, uno de los principales yacimientos de estaño del país, mientras que la Policía se encarga de la vigilancia en la parte interior del yacimiento.
La estatal Empresa Minera Huanuni, que administra el yacimiento, advirtió el año pasado de que el robo de mineral en sus minas conlleva pérdidas anuales de hasta 24 millones de dólares.
En 2018, el Gobierno boliviano promulgó una ley para endurecer las penas por el robo de mineral.
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