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El escenario político y jurídico en España afronta un nuevo punto de tensión. El Tribunal Supremo ha planteado llevar el proceso de la regularización de inmigrantes desarrollado en el país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por si entrara en conflicto con el derecho comunitario. Así lo acuerda el alto tribunal en dos providencias dictadas en la tramitación de los recursos interpuestos por la Comunidad Valenciana y Aragón contra determinados aspectos del real decreto del pasado 14 de abril. Lo hace el día en que termina el plazo para solicitar el proceso, cuando el tema entra de lleno en la arena política.
El Supremo analiza el Convenio Schengen frente a la medida nacional
En dichas resoluciones, el Supremo da traslado a las partes para que en el plazo de cinco días puedan expresar su parecer acerca de la procedencia de formular ante el TJUE una cuestión prejudicial interpretativa sobre extremos del real decreto que podrían chocar con el derecho de la UE. Estas providencias se dictan antes de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por las comunidades autónomas indicadas. El Supremo pide evaluar la compatibilidad con el Convenio Schengen, el reglamento europeo y el Tratado de la UE de una medida adoptada mediante una norma reglamentaria de rango infralegal en el marco de un proceso de carácter masivo y sin constar coordinación previa con los demás estados miembros.
El tribunal explica que, en virtud del real decreto, un nacional de un tercer país beneficiario de una primera autorización de residencia temporal de un año adquiere derecho a circular libremente por el espacio Schengen durante noventa días en periodos de ciento ochenta. La Generalitat Valenciana ya ha emplazado al Supremo a plantear la cuestión ante el TJUE, pero le insta a no esperar al pronunciamiento para dictar medidas cautelares y paralizar la norma. Entiende que, de no ser así, la medida perderá sentido, dado que los efectos de la regularización de inmigrantes podrían hacerse efectivos de forma inmediata. El Gobierno de Juanfran Pérez Llorca esgrime que el Estado actuó de forma unilateral, sin coordinación con la Comisión Europea ni los demás Estados miembros justo antes de la plena aplicación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Sánchez defiende la regularización de inmigrantes ante las críticas
Desde el Gobierno defienden férreamente la medida. El presidente, Pedro Sánchez, ha definido su política migratoria como «responsable» y basada en garantizar una inmigración «legal, segura y ordenada». «Ninguna sociedad ha avanzado levantando muros», señaló tras apostar por dar la mano en lugar de dar la espalda en la presentación del Plan de Integración y Ciudadanía, dotado con más de 500 millones de euros el primer año y cuya primera medida es esta regularización de inmigrantes. Acompañado de la campaña institucional ‘¿De dónde vienen? Vienen de hacer país’, criticó además a quienes hacen política con la inmigración, en referencia a PP y Vox, mientras que el Ejecutivo central hace política migratoria.
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, recuerdan que el alto tribunal desestimó en mayo paralizar cautelarmente el proceso, tal como pidió la Comunidad de Madrid, desarrollándose todo con normalidad. Fuentes de la cartera que dirige Elma Saiz recalcan que el plazo para que el Ministerio se pronuncie sobre la pertinencia de la cuestión prejudicial está abierto hasta el viernes 3 de julio y trabajan junto a la Abogacía del Estado para aclarar las dudas. Una vez concluya el plazo, el Supremo decidirá si eleva la cuestión. El Ministerio traslada tranquilidad a los solicitantes, pues la norma se redactó velando por su compatibilidad comunitaria, aunque recuerdan que otorga un permiso válido exclusivamente en España.
Feijóo y Vox consideran que la justicia lanza un aviso al Gobierno
Sobre esta cuestión se ha pronunciado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien destacó que el Supremo advierte que el proceso puede ir en contra del derecho europeo por hacerse de forma unilateral y sin consenso. Feijóo aseguró que Sánchez lo que hace es aplicar una regularización de inmigrantes que afectaría a 1.300.000 personas que entraron de forma irregular, yendo en contra del Pacto de Inmigración y del Reglamento de Retorno. Insistió en que el Gobierno realiza «ingeniería electoral» tanto con este proceso como con la conocida como 'ley de nietos'. Asimismo, Vox, mediante José María Figaredo, advirtió de que es un problema que concierne a toda Europa por el libre acceso comunitario. La Comisión Europea aclaró que el Pacto de Migración no regula estas medidas.
Díaz y Belarra chocan en sus valoraciones sobre el dictamen
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aseguró que no le preocupa en absoluto que el Supremo pueda paralizar la medida, pidiendo a los tribunales que trabajen con serenidad y decencia. Díaz defendió que la regularización de inmigrantes de las personas migrantes es la mejor y más positiva noticia en muchos años por humanidad y dignidad. Díaz criticó a Feijóo por situarse en tesis trumpistas, exigiéndele una rectificación inmediata. Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, afirmó que la norma europea sobre la que pregunta el Supremo es reflejo del racismo institucional vivido en España, por lo que la han combatido en el Congreso y a nivel europeo. Belarra exigió ampliar el plazo de solicitud y detener los vuelos colectivos de deportación.
El desenlace se conocerá tras el viernes 3 de julio, cuando concluya el periodo de alegaciones establecido. Será entonces cuando el Tribunal Supremo deba resolver si traslada las dudas jurídicas a Luxemburgo, determinando el futuro definitivo de esta polémica regularización de inmigrantes en España, una medida de enorme impacto social, laboral y económico que mantiene en vilo al país.
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