Uber: Proyecto de regulación en Costa Rica afecta a usuarios y conductores

San José, 23 ene (EFE).- La empresa Uber aseguró este miércoles que el proyecto de regulación presentado por el Gobierno de Costa Rica al Congreso el martes "desconoce la realidad" de los usuarios y los conductores, y reiteró su disposición a aportar a la discusión.

"Luego de revisar y estudiar el proyecto de ley podemos concluir que, a pesar de ser un primer paso en la dirección de regular la movilidad colaborativa en Costa Rica, la visión del gobierno está lejos de ser una propuesta que fomente la innovación, la competencia y el desarrollo de la tecnología", indicó Uber Centroamérica en un comunicado.

La empresa agregó que esto afecta a los usuarios y a los conductores, ya que el proyecto "desconoce la realidad" en la que viven estas personas.

"Dado el clima de contracción económica y de falta de oportunidades laborales para los costarricenses, esta propuesta obligaría a que sólo un número limitado de personas puedan inscribirse como socios en las diversas plataformas", indicó.

El proyecto de ley que regula las Empresas de Plataforma de Transporte (EPT) como es el caso de Uber, establece que el Consejo de Transporte Público tendrá la facultad de "fijar una cantidad máxima de vehículos que puedan operar" y que anualmente hará una revisión para ver si es necesario aumentar el tope.

Uber también expresó su preocupación por "los elevados montos que nuestros socios colaboradores (conductores) se verían forzados a pagar año tras año", pues el proyecto plantea que cada uno pague un canon anual de 35 dólares y un cargo adicional de 200 dólares por cada vehículo.

"Esta medida afecta principalmente a quienes realizan viajes sólo durante una fracción de su tiempo para pagar sus estudios, generar un ingreso extra para sus familias, cuidar de sus hijos medio tiempo o aquellos que por motivos de edad o salud no pueden conducir por muchas horas al día", explicó Uber.

La Ley también obligaría a los conductores a tributar ante el Ministerio de Hacienda y a estar asegurados como trabajadores independientes ante la Caja Costarricense del Seguro Social.

"Instamos a la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa a contemplar todas las propuestas presentadas e iniciar discusiones inclusivas que den como resultado un proyecto innovador, que promueva las oportunidades del futuro y no las limitaciones del pasado", concluyó la empresa.

El proyecto de ley también establece el impuesto de valor agregado del 13 por ciento y además el tributo sobre las remesas al exterior que es del 8,5 por ciento para las EPT.

La iniciativa además obliga a las Empresas de Plataforma de Transporte (EPT) a aportar un 3 por ciento del precio cobrado al usuario para crear el Fondo Nacional de Movilidad, cuya misión será la modernización del transporte público del país.

Otro punto declara a todas las EPT como un servicio público, pero no estarán sujetas a la regulación tarifaria de la estatal Autoridad Reguladora de los Servicio Públicos, y además estas compañías deberán inscribirse en el Consejo del Transporte Público (CTP).

Para los taxis oficiales, la legislación aprueba que se establezca una tarifa máxima y los conductores estarán habilitados para negociar un precio menor con el usuario.

Uber comenzó a operar en Costa Rica en agosto de 2015 y desde entonces este país de 5 millones de habitantes, se convirtió en el de mayor penetración per cápita de la plataforma en América Latina, con 22.000 conductores afiliados y 783.000 clientes en la actualidad.