Las personas con dificultades cognitivas tendrán más facilidad para votar

La democracia es el gobierno del pueblo y, como tal, todas las personas deberían ser partícipes de ella. Con el fin de hacer más accesible el derecho fundamental a votar para personas con dificultades cognitivas, el Ministerio del Interior y la Confederación Plena Inclusión firmaron un convenio que ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El objetivo de este acuerdo es facilitar el derecho a votar a unas 100.000 personas con discapacidad intelectual que se incorporaron al censo electoral en 2019. El acuerdo incluye la firma del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de la Confederación Plena Inclusión, Santiago López.

Prevé, entre otras medidas que recoge el BOE, la elaboración de información en formato de lectura fácil. También reconoce la inclusión de personas con discapacidad intelectual en su participación como miembros de las mesas electorales.

El material elaborado estará disponible para su difusión a través de las páginas web y de las campañas de la Administración Pública sobre los procesos electorales. Ambas entidades estudiarán, además, la posibilidad de implantar en los colegios electorales una cartelería de fácil comprensión.

El acuerdo para facilitar el derecho a votar es un paso adelante

Este acuerdo para que el derecho a votar llegue a más gente impulsará asimismo la formación en materia de accesibilidad y de discapacidad intelectual a las personas que integran las mesas electorales y a los representantes de la Administración. También supone la publicación de una versión del Manual de Mesa en lectura fácil. Además, se constituirá una comisión de seguimiento formada por técnicos de ambas partes que evaluarán la eficacia de las medidas implantadas y la mejora de los procedimientos durante los próximos años.

La medida para facilitar votar a personas con dificultades llega después de que en 2018 se eliminara la privación del derecho de sufragio a las personas con discapacidad intelectual, según una sentencia judicial firme, como contemplaba hasta entonces la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Sorprende que hasta 2019 un sector tan amplio de la población tuviera restringido el derecho a votar, por lo que este acuerdo es de aplaudir. La accesibilidad debe permear en todas las capas sociales, pues incluir a las personas es sinónimo de una sociedad plural y no excluyente. Los avances en esta materia son cada día más notorios en aspectos culturales, educativos y también en cuestiones digitales, como demuestra la creciente oferta de páginas web y aplicaciones que hacen accesibles sus contenidos para personas con diferentes capacidades, por ejemplo aquellas con dificultades cognitivas.

Además de los recientes avances en el derecho a votar, Plena Inclusión y la Fiscalía General del Estado acordaron en septiembre mejorar el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad intelectual para adaptar los procedimientos judiciales y lograr que sean más accesibles y comprensibles.