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Madrid, 26 dic (EFE).- La patronal de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), Unauto VTC, ha estimado que son 8.000 las reclamaciones presentadas para las indemnizaciones que establece el real decreto ley que regula el sector y ha comunicado que calcula que llegarán a 12.000 -casi la totalidad del parque- a 31 de diciembre, el último día hábil para presentar las alegaciones.
El presidente de esta asociación, Eduardo Martín, explica en una nota difundida hoy que el paso siguiente, una vez presentados los recursos, será esperar a la respuesta de la Dirección General de Transportes.
Unauto no descarta, posteriormente, interponer recursos contencioso-administrativos y, si fuera necesario, apelar ante el Tribunal Supremo o el Constitucional.
Martín subraya que Unauto trabajará para "garantizar que el sector, que ha obtenido sus autorizaciones de forma legal y legítima, puede seguir operando con normalidad y ejercer sus derechos de forma plena”.
Unauto menciona en su nota un estudio encargado a la consultora Ernst & Young según el cual el coste de una expropiación tácita de las autorizaciones de VTC ascendería a unos 3.800 millones de euros para las administraciones.
Con la nueva norma, según Unauto, ese coste pasaría a dividirse entre las 17 comunidades autónomas en función del número de autorizaciones que hayan autorizado, por lo que algunas comunidades, como Cataluña, podrían tener que desembolsar casi 1.000 millones en indemnizaciones.
El Congreso convalidó el pasado 25 de octubre el real decreto ley que faculta a las comunidades autónomas y los ayuntamientos a regular la actividad de los VTC, que se tramitará como proyecto de ley y sujeto, por tanto, a las enmiendas que planteen los partidos del arco parlamentario.
Una de las cuestiones más susceptibles de ser debatidas para su modificación se refiere al régimen transitorio de cuatro años para que las administraciones autonómicas y locales adapten la legislación, que es un plazo que tiene también un carácter indemnizatorio.
La norma incluye una compensación a los tenedores de las licencias de VTC para operar en el ámbito urbano de 4 ó 6 años más.
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