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El Consejo Escolar del Estado ha avalado este jueves, sin registrar ningún voto en contra, el anteproyecto de ley impulsado por el Gobierno para la reducción de ratios por aula como la carga lectiva del profesorado. El respaldo se ha producido durante el pleno del organismo, celebrado a puerta cerrada, en el que participan cerca de un centenar de vocales que representan al conjunto de la comunidad educativa.
Este órgano, el más alto en funciones consultivas en materia educativa, reúne a representantes del profesorado, alumnado, asociaciones de familias y también a las patronales de la enseñanza concertada. El dictamen aprobado da luz verde al texto que el Ejecutivo presentó en diciembre ante la comisión permanente del Consejo. Ninguna de las enmiendas planteadas logró prosperar, por lo que el apoyo fue íntegro.
El hecho de que no se registrara oposición, ni siquiera por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que están presentes de forma indirecta mediante los portavoces de sus respectivos consejos escolares autonómicos, refuerza las expectativas del Gobierno de que la norma pueda superar su tramitación parlamentaria en el Congreso. El Ejecutivo mantiene la intención de que la ley quede aprobada antes de que finalice el presente curso académico.
La defensa del Gobierno: reducción de ratios y menos carga docente
Antes del inicio del pleno, la ministra de Educación, Milagros Tolón, defendió públicamente el contenido de la reforma. Subrayó que la reducción de ratios, es decir, del número máximo de alumnos por clase, repercutirá positivamente en la calidad de la enseñanza. Asimismo, argumentó que la disminución de las horas lectivas aliviará la sobrecarga que, según afirmó, se generó tras una normativa aprobada durante un Gobierno del Partido Popular.
El anteproyecto establece límites concretos. En los centros públicos y concertados, las aulas de Infantil y Primaria no podrán superar los 22 estudiantes, mientras que en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) el máximo quedará fijado en 25. En cuanto al profesorado de la enseñanza pública, se blindan las horas lectivas máximas: 23 horas semanales en colegios y 18 en institutos.
En lo relativo a otras etapas educativas, el texto no concreta aún las cifras. En caso de aprobarse la ley, estos detalles se regularán mediante un decreto posterior.
Un desarrollo en dos fases para facilitar la aprobación
La estrategia del Ministerio contempla una tramitación en dos tiempos. El desarrollo reglamentario que precisará las reducciones en el segundo ciclo de Educación Infantil (de 3 a 6 años), en la FP Básica y en Bachillerato deberá aprobarse en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley.
Con esta fórmula escalonada, el Ejecutivo pretende aumentar las posibilidades de que el proyecto salga adelante en el Congreso, donde dispone de una mayoría parlamentaria ajustada e inestable. Separar el marco general de los detalles técnicos permitiría, según la lógica del Gobierno, reducir resistencias durante la votación principal.
La implantación de la reducción de ratios se realizará de manera gradual. El plan prevé que comience por el primer curso de cada etapa educativa y que, año tras año, se extienda al nivel superior siguiente.
Según el calendario previsto, en 2027 arrancará la aplicación en Infantil y Primaria. En 2028 se sumarán la ESO y la FP Básica, y en 2029 será el turno del Bachillerato. El objetivo es que en el curso 2031 la reducción esté plenamente implementada en todos los niveles. Para cumplir este horizonte temporal, en Primaria el ritmo de adaptación deberá ser más rápido que el de un único curso por año.
Además, la norma contempla soluciones para los centros que no dispongan de espacio físico suficiente para disminuir el número de alumnos por aula. En esos casos, recibirán igualmente la dotación de profesorado que les correspondería si aplicaran la reducción de ratios. De esta forma, podrán rebajar la proporción de estudiantes por docente mediante alternativas organizativas, como la codocencia, que implica la presencia simultánea de dos profesores en el aula.
Enmiendas rechazadas y debate abierto
Durante el proceso en el Consejo Escolar, todas las enmiendas presentadas fueron rechazadas. Estas propuestas podían dividirse en dos grandes bloques.
Por un lado, los sindicatos docentes plantearon ampliar la reducción de ratios al primer ciclo de Infantil (0-3 años) y al grado medio de Formación Profesional, una etapa que registra una de las tasas de abandono más elevadas del sistema educativo: aproximadamente un tercio del alumnado matriculado no concluye estos estudios.
Por otro, la junta de consejos escolares autonómicos, que actúa como portavoz indirecto de los gobiernos territoriales, especialmente de aquellos dirigidos por el PP, solicitó que la ley incluyera una dotación presupuestaria específica. Estas comunidades muestran reticencias a asumir el coste económico que supondría aplicar las reducciones de alumnos por aula y de horas lectivas promovidas por el Ejecutivo central.
Aunque ninguna enmienda prosperó, algo habitual, dado que se requiere mayoría absoluta del total del pleno para su aprobación, el texto seguirá siendo objeto de negociación. La ministra ha asegurado que el Ministerio mantiene su disposición a escuchar a los agentes educativos, tanto en la mesa sectorial con los sindicatos como durante la tramitación parlamentaria en las Cortes.
La futura ley fijará límites máximos de ratios y de carga lectiva, pero dejará margen a las comunidades autónomas para reducirlos aún más si así lo consideran oportuno. Con ello, el Gobierno busca establecer un suelo común en todo el país, manteniendo cierto grado de flexibilidad territorial.
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