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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha reclamado a la Dirección General de Tráfico (DGT) una modificación en la regulación de las balizas V-16 con el objetivo de impedir que su aplicación genere situaciones de discriminación hacia conductores con discapacidad física. La petición se produce ante la entrada en vigor, a partir de 2026, de la obligatoriedad de utilizar la versión conectada de este dispositivo luminoso y de colocarlo en el punto más alto posible del vehículo, que generalmente es el techo.
En un escrito remitido al director general de Tráfico, Pere Navarro, la plataforma que representa al movimiento asociativo de la discapacidad en España expresa su inquietud por las consecuencias que podría tener la aplicación estricta de esta norma para determinadas personas con movilidad reducida.
La obligatoriedad en 2026 y sus implicaciones
La regulación vigente establece que, a partir de 2026, será obligatorio que los vehículos dispongan de la versión conectada de la baliza V-16, un sistema luminoso de señalización de emergencias que sustituirá definitivamente a los tradicionales triángulos. Este dispositivo debe colocarse en la parte más elevada del automóvil para garantizar su visibilidad, lo que en la práctica implica situarlo sobre el techo.
El objetivo de esta medida es reforzar la seguridad vial y evitar que los conductores con discapacidad tengan que abandonar el vehículo en situaciones de avería o accidente, reduciendo así el riesgo de atropellos en carretera. Sin embargo, el Cermi advierte de que la exigencia de colocar la señal en el punto más alto posible puede convertirse en un obstáculo insalvable para algunas personas con discapacidad física.
Conductores con discapacidad que no pueden instalar la baliza por sí mismos
La entidad subraya que existen perfiles concretos de conductores con discapacidad para los que cumplir con esta obligación no es simplemente complicado, sino materialmente imposible. Entre ellos se encuentran personas con movilidad reducida, usuarias de silla de ruedas o personas de talla baja, como ocurre en casos de acondroplasia.
Cuando estas personas viajan solas y se enfrentan a una avería o incidente en carretera, pueden no tener la capacidad física necesaria para alcanzar el techo del vehículo y colocar la baliza en el lugar exigido por la norma. En estas circunstancias, el incumplimiento no respondería a una falta de diligencia, sino a una limitación directamente derivada de su discapacidad.
El Cermi alerta de que, si no se introducen ajustes en la regulación, estas situaciones podrían desembocar en la imposición de sanciones administrativas. Es decir, una persona podría ser multada por no instalar la baliza en el punto reglamentario, pese a que su imposibilidad de hacerlo esté vinculada de manera directa a su condición física.
A juicio de la organización, este escenario podría constituir un caso de discriminación indirecta. La norma, aunque formalmente igual para todos los conductores, tendría un impacto desproporcionado sobre un grupo concreto, al no contemplar excepciones o alternativas razonables que tengan en cuenta sus circunstancias.
Desde esta perspectiva, la igualdad en la aplicación de la ley no debería traducirse en una exigencia idéntica en todos los casos, sino en la adopción de medidas que garanticen que nadie quede en desventaja por razón de discapacidad.
Propuestas concretas a la DGT
Ante este panorama, el Cermi ha solicitado formalmente a la DGT que promueva una regulación específica que contemple varias medidas. En primer lugar, plantea la inclusión de una excepción dirigida a conductores con discapacidad física que no puedan colocar el dispositivo en el techo del vehículo por sí mismos.
Asimismo, propone que se regulen ubicaciones alternativas que sean igualmente seguras y visibles, de modo que se mantenga el objetivo prioritario de protección en carretera sin generar barreras adicionales. Estas previsiones, según la entidad, deberían incorporarse de forma expresa en las instrucciones, reglamentos o disposiciones técnicas que desarrollen la obligatoriedad del sistema V-16 conectado.
El planteamiento no cuestiona la utilidad del dispositivo ni la necesidad de avanzar en seguridad vial, sino que persigue compatibilizar esa meta con el respeto a los derechos de los conductores con discapacidad.
Disposición a colaborar para una solución equilibrada
Lejos de adoptar una posición de confrontación, el Cermi ha trasladado a la DGT su plena disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones. La organización se ofrece a trabajar conjuntamente con el organismo de Tráfico para definir alternativas que permitan conjugar la máxima seguridad en carretera con la garantía de no discriminación.
El debate, por tanto, no gira en torno a la conveniencia de la baliza V-16 conectada, sino a la necesidad de que su regulación contemple la diversidad de situaciones reales que pueden darse entre los conductores. Con la entrada en vigor definitiva en el horizonte de 2026, el movimiento asociativo de la discapacidad considera que aún hay margen para introducir ajustes que eviten conflictos futuros y aseguren una normativa inclusiva.
La petición abre ahora un escenario en el que la DGT deberá valorar si introduce cambios o aclaraciones en el desarrollo reglamentario del sistema. En juego no solo está el cumplimiento de una obligación técnica, sino la garantía de que las normas de tráfico se apliquen desde un enfoque de igualdad efectiva y respeto a la diversidad con los conductores con discapacidad.
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