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Las principales asociaciones empresariales de la gran distribución en España, Asedas y Anged, expresaron este viernes su preocupación por las iniciativas legislativas impulsadas en Galicia y Asturias para regular la venta y el consumo de bebidas energéticas. A su juicio, estas normas tendrán consecuencias negativas de gran calado, especialmente por introducir diferencias regulatorias entre comunidades autónomas que, según denuncian, rompen la unidad de mercado y generan desigualdades difíciles de justificar.
Ambas patronales consideran que las medidas planteadas no solo afectan al normal funcionamiento del sector, sino que también crean confusión entre consumidores y empresas, al establecer límites de edad distintos para la compra de un mismo producto en territorios vecinos.
Diferencias normativas con la regulación de bebidas energéticas entre comunidades limítrofes
El foco de la crítica se sitúa en la disparidad de criterios adoptados por Galicia y Asturias, dos comunidades autónomas colindantes. En el caso gallego, el pasado 7 de enero se publicó la Ley de Protección de Personas Menores y Prevención de las Conductas Adictivas. Esta norma fija en 18 años la edad mínima para el consumo y la adquisición de bebidas energéticas, equiparándolas en la práctica a otros productos sujetos a restricciones de edad.
Por su parte, el Parlamento del Principado de Asturias se encuentra en la fase final de tramitación del Proyecto de Ley de Regulación de la Venta, Suministro y Consumo de Bebidas Energéticas para la Protección de Menores. En este texto legal, la edad mínima para poder comprar este tipo de bebidas se establece en los 16 años, dos menos que en la comunidad vecina.
Desde Asedas y Anged califican esta situación como un “hecho inexplicable”. Argumentan que se dará la paradoja de que una persona de 17 años podrá adquirir bebidas energéticas en un municipio asturiano, mientras que a apenas unos minutos de distancia, en una localidad gallega, esa misma persona no tendrá permitido hacerlo.
Las patronales subrayan que esta disparidad carece de lógica desde el punto de vista del mercado interior. En su opinión, si las restricciones están realmente fundamentadas en criterios científicos o de salud pública, no se entiende por qué no se aplica un criterio homogéneo en todo el territorio nacional.
Las organizaciones empresariales recuerdan que, en su momento, distintos sectores implicados debatieron sobre si este tipo de prohibiciones estaban suficientemente respaldadas por datos científicos sólidos o por razones de salud pública que justificaran la imposición de una edad mínima para el consumo de bebidas energéticas.
En ese contexto, sostienen que, de aceptarse la necesidad de una regulación, lo razonable sería establecer una edad común en todas las comunidades autónomas. De lo contrario, advierten, se fomenta una fragmentación del mercado interior que perjudica tanto a las empresas como a los consumidores.
Más burocracia y confusión para empresas y clientes
Asedas y Anged alertan de que esta ruptura de la unidad de mercado se traducirá en nuevas cargas burocráticas para las empresas de distribución. Estas cargas complicarán la gestión diaria en los puntos de venta y aumentarán el riesgo de errores en el cumplimiento de la normativa.
Un ejemplo concreto señalado por las patronales es el caso de Asturias, donde el personal de los establecimientos tendría que controlar dos edades distintas: 16 años para la compra de bebidas energéticas y 18 años para la adquisición de alcohol. Este control, basado en las fechas de nacimiento que figuran en el DNI, supondrá una dificultad añadida que recaerá exclusivamente sobre los distribuidores.
Uno de los aspectos que más rechazo genera en el sector es la medida incluida en la futura norma asturiana que prohíbe la compra de bebidas energéticas a personas mayores de 18 años cuando van acompañadas de un menor. Para la distribución, esta disposición resulta especialmente difícil de aceptar.
Según explican, en la práctica se dará la situación de que un adulto que acuda a un establecimiento con sus hijos menores podrá adquirir bebidas alcohólicas sin límite, pero no una bebida energética. Las patronales consideran que esta medida supone una intromisión en la esfera privada y personal de los consumidores.
Además, advierten de que esta prohibición generará conflictos en las líneas de caja, ya que los trabajadores tendrán grandes dificultades para explicar y hacer cumplir una norma que no tiene precedentes en España.
Petición de cambios y denuncia de costes excesivos
Ante este escenario, las asociaciones de la distribución alimentaria instaron al Gobierno del Principado de Asturias y a todos los grupos parlamentarios a reconsiderar la medida y a introducir las modificaciones necesarias para evitar lo que califican como una grave ruptura de la unidad de mercado.
Finalmente, denunciaron que estas regulaciones implican costes desproporcionados para un sector que, recuerdan, lleva años colaborando activamente en la protección de la salud, la promoción de una alimentación equilibrada y la defensa de los menores. Un compromiso que, según destacan, ha quedado demostrado en algunos de los momentos más exigentes vividos por la sociedad en los últimos años.
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