Lectura fácil
La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma-Cocemfe Madrid) ha vuelto a poner sobre la mesa una de las grandes asignaturas pendientes en materia de inclusión social: la accesibilidad en los edificios residenciales. La entidad solicita la aprobación de una normativa de coordinación territorial municipal que otorgue a los ayuntamientos herramientas efectivas para intervenir en comunidades de vecinos y así eliminar las barreras arquitectónicas que aún persisten en miles de inmuebles de la región.
Según explicó este jueves la federación, esta medida permitiría avanzar hacia la accesibilidad universal, un requisito básico para garantizar la igualdad de oportunidades y la autonomía personal de las personas con discapacidad, mayores o con movilidad reducida.
Para construir este nuevo marco normativo, Famma propone tomar como punto de partida la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones del Ayuntamiento de Madrid. Esta norma actual impone a las comunidades de vecinos la responsabilidad de mantener los inmuebles en condiciones adecuadas de seguridad, salubridad, ornato y accesibilidad, y otorga al consistorio la facultad de exigir obras obligatorias cuando dichas condiciones no se cumplen, incluso recurriendo a actuaciones subsidiarias si las comunidades de vecinos no responden.
La federación considera que este modelo podría adaptarse y extenderse al conjunto de los municipios madrileños, mediante una regulación autonómica que armonizara la intervención pública y ofreciera un marco claro y homogéneo de actuación.
Fragmentación y desigualdad territorial
Actualmente, explicó Famma-Cocemfe, la situación en la Comunidad de Madrid se caracteriza por una “importante fragmentación competencial y operativa”, lo que dificulta que los ayuntamientos puedan actuar ante los problemas de inaccesibilidad que sufren muchas comunidades de vecinos.
Esta falta de coordinación entre administraciones genera desigualdad territorial, ya que el acceso a soluciones depende en gran medida del municipio de residencia. Además, la ausencia de mecanismos ágiles provoca demoras en la aplicación de la ley y deja sin respuesta a personas que ven restringida su movilidad por la falta de rampas, ascensores o itinerarios accesibles en portales y zonas comunes.
Para la entidad, esta realidad está muy alejada del objetivo de “igualdad de derechos” que reconoce la legislación nacional y europea en materia de inclusión y no discriminación.
Famma plantea que la futura normativa establezca un marco de actuación integral para los ayuntamientos. Entre las medidas que propone se incluyen:
- Permitir que los municipios puedan requerir a las comunidades de vecinos la ejecución de las obras de accesibilidad cuando estas sean legalmente exigibles.
- Incorporar procedimientos de mediación y asesoramiento técnico que faciliten los acuerdos entre vecinos.
- Habilitar actuaciones subsidiarias en los casos de incumplimiento, especialmente cuando existan personas en situación de vulnerabilidad.
- Poner en marcha programas de ayudas y financiación coordinada destinados a la eliminación de barreras arquitectónicas.
- Desarrollar registros y sistemas de seguimiento para evaluar periódicamente el grado de accesibilidad del parque residencial.
Según la federación, estas medidas contribuirían no solo a mejorar las condiciones de vida de miles de personas, sino también a generar ahorros futuros en servicios sociales y sanitarios, al reducir la dependencia y favorecer la permanencia en el hogar.
El diagnóstico del Gabinete de Accesibilidad Universal de Famma es claro: buena parte del parque de viviendas de la Comunidad de Madrid presenta graves déficits de accesibilidad. La falta de ascensores, rampas o pasillos adaptados limita la autonomía de muchos residentes y provoca, en algunos casos, un aislamiento social forzoso o el traslado a recursos residenciales asistidos.
En 2025, según datos de la federación, el 87,2 % de las denuncias por barreras arquitectónicas correspondieron a problemas sin resolver en viviendas debido a conflictos entre vecinos o a la inacción de las comunidades de vecinos. Famma recuerda que “la accesibilidad no puede depender del consenso vecinal”, ya que se trata de un derecho vinculado a la igualdad y la vida independiente.
Beneficios sociales y económicos para las comunidades de vecinos
La entidad argumenta que una normativa específica de coordinación territorial reportaría múltiples beneficios: garantizaría igualdad de derechos independientemente del municipio, reduciría los conflictos vecinales mediante la mediación pública y aceleraría la ejecución de obras obligatorias.
Además, la coordinación en la gestión de recursos públicos optimizaría las ayudas existentes y reforzaría el principio de eficacia administrativa, evitando duplicidades o retrasos en las subvenciones. A medio plazo, esta estrategia también podría contribuir al envejecimiento activo y saludable, evitando la necesidad de recurrir a residencias o a la atención institucionalizada.
Famma subraya que el envejecimiento de la población y el incremento de los casos de movilidad reducida exigen reforzar la capacidad de respuesta de los ayuntamientos, como administraciones más cercanas a la ciudadanía. Para ello, considera imprescindible dotarlos de instrumentos jurídicos, técnicos y operativos que permitan actuar con rapidez y eficacia.
La federación pidió formalmente a la Comunidad de Madrid y al resto de autoridades competentes que inicien un proceso de trabajo conjunto con los municipios y el movimiento asociativo para elaborar esta normativa, que calificó como “estratégica y urgente”. “La accesibilidad es una cuestión de derechos, cohesión social y eficiencia pública. Los municipios deben poder intervenir cuando una persona no puede salir de su casa por falta de accesibilidad”.
Próxima jornada sobre accesibilidad y sostenibilidad urbana
Como parte de su agenda de trabajo, Famma-Cocemfe Madrid participará el próximo martes en la jornada ‘Accesibilidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, como eje de la ciudad sostenible’, organizada junto al Ayuntamiento de Torrejón, la Federación de Municipios de Madrid y el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid.
Durante el encuentro se debatirán las posibles vías para mejorar el parque residencial madrileño, reforzar su sostenibilidad y hacer compatibles la eficiencia energética y la accesibilidad universal, dos pilares fundamentales para construir ciudades y comunidades de vecinos verdaderamente inclusivas.
Añadir nuevo comentario