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El Gobierno trabaja en un nuevo paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Oriente Medio, con especial atención a los colectivos más vulnerables y a los sectores productivos más expuestos a las fluctuaciones de los precios energéticos. Así lo explicó este jueves la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien adelantó que una de las opciones que se está estudiando es ampliar el alcance del bono social eléctrico para ayudar a los hogares con mayores dificultades.
Durante una entrevista concedida a laSexta y recogida por Servimedia, Aagesen subrayó que las iniciativas como la ampliación del bono social eléctrico que está preparando el Ejecutivo se centrarán principalmente en aquellos ámbitos de la economía que pueden sufrir con mayor intensidad las consecuencias de la inestabilidad internacional. Según señaló, el objetivo es proteger tanto a los consumidores vulnerables como a los sectores que dependen en gran medida del coste de la energía.
Estas declaraciones se produjeron tras una reunión celebrada entre varios miembros del Gobierno y los agentes sociales para analizar el impacto económico del conflicto. En el encuentro participaron la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro de Economía, Carlos Cuerpo; así como representantes de sindicatos y organizaciones empresariales.
Prohibición de cortes de suministros y medidas laborales
Tras la reunión con sindicatos y patronal, el ministro de Economía avanzó algunas de las líneas que podrían formar parte del llamado “escudo social”. Entre ellas, destacó la posibilidad de prohibir el corte de suministros básicos a los hogares que se vean afectados por el incremento de precios o por las dificultades económicas derivadas del contexto internacional.
Esta medida se sumaría a otras propuestas que ya se han puesto sobre la mesa. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, planteó la prohibición de despidos que se justifiquen por el aumento de los costes energéticos, una iniciativa similar a las adoptadas durante anteriores crisis económicas o energéticas. Además, el Ejecutivo contempla recurrir nuevamente a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) si determinados sectores sufren un impacto significativo.
Los ERTE fueron una de las principales herramientas de protección laboral durante la pandemia de COVID-19 y posteriormente también se utilizaron para apoyar a empresas afectadas por la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. El Gobierno considera que este mecanismo permite preservar el empleo mientras las empresas atraviesan situaciones de dificultad temporal.
El bono social eléctrico y otras medidas, son un escudo social aún en desarrollo
Aunque varios ministros han adelantado algunas de las medidas que se están analizando, como el bono social eléctrico, la vicepresidenta tercera evitó concretar el contenido definitivo del paquete de apoyo. Aagesen explicó que el Ejecutivo continúa trabajando en el diseño de este “escudo social”, por lo que todavía no se ha cerrado la lista completa de iniciativas.
A diferencia de otros miembros del Gobierno, la responsable de Transición Ecológica tampoco confirmó que el paquete vaya a aprobarse en el Consejo de Ministros de la próxima semana.
Según indicó, las medidas como el bono social eléctrico, deben analizarse con detalle para garantizar que respondan adecuadamente a la situación económica y a las necesidades de los sectores afectados.
Sectores especialmente sensibles a la subida de los combustibles
La vicepresidenta tercera también destacó que el Ejecutivo es consciente de la vulnerabilidad de determinados sectores productivos frente al aumento del precio de los combustibles. Entre ellos mencionó el transporte, cuya actividad depende en gran medida del coste del carburante, así como el sector primario.
Actividades como la agricultura, la ganadería o la pesca pueden verse especialmente afectadas por las subidas energéticas, ya que el combustible es un elemento clave tanto para la maquinaria agrícola como para las embarcaciones pesqueras. Por este motivo, el Gobierno analiza posibles mecanismos de apoyo que permitan amortiguar el impacto de la volatilidad de los precios internacionales, donde entra el bono social eléctrico y otro tipo de medidas.
Aagesen quiso transmitir un mensaje de tranquilidad respecto al suministro energético. Según explicó, ni España ni el conjunto de Europa se enfrentan actualmente a un riesgo de desabastecimiento, a diferencia de lo ocurrido en los primeros momentos de la guerra en Ucrania.
La situación actual, señaló, está marcada principalmente por la volatilidad de los precios en los mercados internacionales de combustibles fósiles. Esto significa que el problema no radica en la falta de recursos energéticos, sino en las fluctuaciones que pueden provocar tensiones económicas en determinados sectores.
En este sentido, la ministra estableció una comparación con lo ocurrido en Europa tras la invasión rusa de Ucrania. En aquel momento, el continente sufrió importantes tensiones en el suministro energético debido a su dependencia del gas ruso. Ahora, explicó Aagesen, el escenario es diferente.
Según sus palabras, Asia se encuentra actualmente en una posición similar a la que vivió Europa durante aquella crisis energética. “Asia es la Europa en el contexto de Ucrania”, afirmó, al explicar que algunos países asiáticos sí están experimentando problemas reales de suministro, mientras que Europa se enfrenta sobre todo a la volatilidad de los mercados.
Liberación de reservas estratégicas de petróleo
A parte del bono social eléctrico y otras ayudas, otra de las medidas adoptadas a nivel internacional para estabilizar el mercado energético es la liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo. En este marco, España contribuirá con parte de sus reservas nacionales.
Aagesen recordó que el país dispone de una reserva equivalente a 92 días de consumo de petróleo. Dentro del acuerdo internacional, España liberará el equivalente a 12,5 días de esas reservas, una medida destinada a aumentar la oferta de crudo en el mercado y ayudar a contener las subidas de precios.
La vicepresidenta también fue preguntada por la posibilidad de volver a aplicar la llamada “excepción ibérica”, un mecanismo que permitió limitar el precio del gas utilizado para generar electricidad durante la crisis energética de 2022.
Aagesen explicó que la activación de este instrumento depende de la autorización de la Unión Europea. Además, recordó que cuando se puso en marcha esa medida los precios del mercado energético eran muy superiores a los actuales.
La ministra destacó también que las reformas impulsadas en los últimos años han reducido la dependencia del gas en la formación del precio de la electricidad. Mientras que en 2019 el gas marcaba el precio de la luz en aproximadamente el 75 % de las horas, actualmente esa proporción se sitúa en torno al 20 % .
Según el Gobierno, esta transformación responde a cambios estructurales en el sistema energético español, impulsados por el aumento de la generación renovable y por la diversificación de las fuentes de energía. Estas medidas, subrayó Aagesen, han contribuido a reforzar la resiliencia del sistema energético frente a crisis internacionales.
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