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El cierre del plazo de candidaturas para las elecciones generales del 29 de noviembre (29N) ha dejado al descubierto hasta qué punto la dirección del Partido Popular está dispuesta a supeditar sus compromisos éticos e institucionales al cálculo electoral. Según documenta la cobertura de RTVE, el PP y Vox han sellado una alianza de conveniencia para coordinar sus candidaturas al Senado en 31 circunscripciones, combinando retiradas mutuas, la infiltración de independientes y el reparto tutelado del voto. Más allá de la justificación técnica de frenar a la izquierda, esta maniobra consagra un peligroso precedente político: asume como socio preferente y blanquea de forma definitiva a una formación cuyos postulados en materia de violencia de género, derechos LGTBIQ+, inmigración y memoria democrática colisionan frontalmente con el marco de los derechos humanos y los consensos constitucionales básicos.
La fontanería del pacto: renuncias calculadas y tutela del elector
La arquitectura acordada entre las cúpulas de Génova y Bambú busca burlar el cierre de plazos para coaliciones formales mediante una distribución milimétrica de circunscripciones:
- Retirada de Vox e integración cruzada (14 plazas): La formación de extrema derecha renuncia a sus listas propias en Cádiz, Valencia, Castellón y en todos los distritos insulares de Canarias y Baleares. A cambio, el PP asume el coste de camuflar en sus propias listas a dirigentes afines a Vox bajo la etiqueta de «independientes» en los puestos dos o tres.
- Cesión del PP en plazas difíciles (3 provincias): Los populares entregan el terreno y no concurrirán en Guipúzcoa (donde llevan 26 años sin representación) ni en Girona y Tarragona, canalizando formalmente el voto conservador hacia las papeletas de Vox.
- La fórmula tutelada del '1+2' (14 provincias): En provincias como Sevilla, Asturias, Badajoz, Zaragoza o Alicante, Vox presenta a un único aspirante e instruirá a su electorado para que marque su casilla y vote adicionalmente a dos senadores del PP.
Esta sofisticada ingeniería electoral trata al votante no como un sujeto político con convicciones, sino como un número en una hoja de cálculo, exigiendo disciplinas de voto cruzado diseñadas exclusivamente para garantizar el reparto de escaños.
El peaje ético, la legitimación de una fuerza que recorta en derechos humanos
La objeción central a este pacto radica en el precio político y social que asume el PP al dotar de mayor poder institucional a Vox. La formación de Santiago Abascal no es un actor conservador homologable a la democracia cristiana europea; su trayectoria de gestión en ayuntamientos y autonomías se caracteriza por el acoso sistemático a los avances en derechos civiles:
- Desmantelamiento de las políticas de igualdad: La negación expresa de la violencia machista, su sustitución por el concepto diluido de «violencia intrafamiliar» y los recortes a programas de atención psicológica y jurídica a mujeres maltratadas.
- Ataque a la diversidad: La censura de contenidos culturales, el acoso a las familias diversas y las iniciativas legislativas para despojar de protección sanitaria y administrativa a las personas trans y al colectivo LGTBIQ+.
- Criminalización y deshumanización migratoria: Discursos xenófobos que vinculan delincuencia con personas migrantes, el bloqueo inhumano al reparto de menores tutelados no acompañados y la exigencia de expulsiones contrarias a los tratados internacionales de asilo y refugio.
Al pactar listas y compartir asientos este 29N, el PP neutraliza cualquier pretendido perfil moderado, enviando el mensaje de que los derechos de las minorías, las mujeres y los colectivos vulnerables son perfectamente prescindibles y negociables si a cambio se aseguran unos cuantos escaños en la Cámara Alta.
El asalto a los contrapesos del Estado este 29N: el peligro de los tres quintos
La meta estratégica confesada por ambos partidos no es solo asegurar una mayoría simple, sino alcanzar la barrera de los tres quintos (161 senadores). Este horizonte despierta una profunda alarma jurídica e institucional, ya que otorgaría al bloque reaccionario el control absoluto y unilateral sobre la designación de cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden al Senado.
Conseguir ese monopolio sin necesidad de dialogar ni consensuar con el resto de sensibilidades parlamentarias abriría la puerta a un bloqueo o reversión de leyes fundamentales recurridas ante el tribunal de garantías (desde la ley de eutanasia y del aborto hasta las reformas laborales y de vivienda). Lo que la derecha presenta como un «ejercicio de responsabilidad y sentido de Estado» es, en el fondo, una estrategia de asalto institucional orientada a blindar contrapoderes legislativos y judiciales para frenar cualquier agenda de progreso social.
Pactar el reparto del Senado con quienes niegan la violencia machista y criminalizan la inmigración no es pragmatismo ni sentido de Estado: es anteponer la sed de poder al blindaje innegociable de los derechos humanos.
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