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El cálculo electoral en la Cámara Alta vuelve a situar las relaciones entre las dos principales fuerzas de la derecha en el centro de la pugna política. Según trasciende en la información sobre la estrategia electoral para el Senado, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado dispuesto a «corresponder» a Vox si la formación que lidera Santiago Abascal decide no concurrir a las elecciones en aquellas circunscripciones provinciales donde no cuenta con opciones reales de obtener representación para el Senado. Esta maniobra de concentración del voto persigue blindar una mayoría absoluta conservadora en la Cámara territorial, pero reactiva de inmediato el choque político e ideológico en torno a los costes y concesiones que implican los pactos con una formación cuyos postulados sobre inmigración, igualdad de género y memoria histórica reciben severas críticas por parte de organizaciones sociales y fuerzas progresistas.
La aritmética implacable del Senado: el valor del voto útil en provincias pequeñas
La propuesta de Feijóo responde a las particularidades del sistema de votación mayoritario que rige la elección del Senado en España. A diferencia del Congreso de los Diputados, donde rige la representación proporcional corregida (sistema D’Hondt), en la Cámara Alta cada circunscripción provincial elige generalmente a cuatro senadores, de los cuales los electores pueden marcar un máximo de tres nombres. Esta fórmula otorga habitualmente tres actas a la fuerza más votada y una a la segunda, dejando sin representación alguna al resto de formaciones.
En las provincias con menor densidad demográfica del interior peninsular, la división del sufragio conservador entre el PP y Vox ha permitido tradicionalmente que el PSOE o sus aliados capitalicen el reparto de escaños. Al ofrecer una reciprocidad política si Vox renuncia a competir en esas plazas donde su presencia solo divide el voto, la dirección popular busca optimizar al máximo el rendimiento electoral para asegurarse el control institucional del Senado, una palanca clave para el bloqueo de reformas legislativas, la tramitación presupuestaria o la designación de órganos constitucionales.
El choque ético y político, el cuestionamiento de las alianzas con Vox
La predisposición del PP a tejer entendimientos con Vox choca frontalmente con la advertencia de los colectivos de derechos civiles, organizaciones no gubernamentales y las formaciones de izquierdas, que alertan sobre los riesgos democráticos de normalizar y dotar de mayor poder institucional a la formación de Abascal. Las críticas sitúan el foco en el historial de medidas e iniciativas impulsadas por el partido en gobiernos autonómicos y municipales:
- Retrocesos en igualdad y lucha contra la violencia de género: La insistencia en negar el concepto de violencia machista, su sustitución por la categoría genérica de «violencia intrafamiliar» y los recortes a partidas destinadas a programas de acogida, coeducación o asistencia jurídica a víctimas de violencia sexual y machista.
- Cuestionamiento de los derechos de las personas LGTBIQ+: Las presiones para censurar expresiones de diversidad en la vida cultural, educativa y en el espacio público, así como los intentos de derogar las normativas autonómicas que garantizan la no discriminación de las personas trans y de las familias diversas.
- Criminalización de la migración: Discursos y mociones que vinculan de forma sistemática la inmigración con la delincuencia, el bloqueo al reparto solidario de menores extranjeros no acompañados (menas) o la exigencia de expulsiones colectivas contrarias al derecho internacional y los convenios europeos de asilo y refugio.
- Revisión de la memoria democrática: La derogación o vaciamiento de normativas que reconocían y reparaban la memoria de las víctimas de la dictadura franquista.
Para los detractores de este acercamiento, la búsqueda pragmática de escaños en la Cámara Alta no puede justificar el blanqueamiento ni la cesión de influencia política a una fuerza cuyos posicionamientos colisionan con los consensos básicos sobre derechos fundamentales y cohesión social.
El dilema de Vox entre la irrelevancia táctica y la presión sobre el bloque conservador
Para la dirección de Vox, el planteamiento de Feijóo plantea una encrucijada estratégica de difícil resolución. Retirar sus candidaturas en determinadas provincias supondría admitir un papel subalterno y debilitar su implantación territorial, privando a sus votantes de papeleta y facilitando que el Partido Popular se presente como el único actor útil en amplias zonas del país.
Por otro lado, mantener sus listas en plazas donde la obtención de un senador es matemáticamente improbable expondría a la formación a ser señalada como la causante de que la derecha no alcance la mayoría absoluta en el Senado en caso de un resultado ajustado. Esta tensión evidencia la fractura interna entre la necesidad de preservar un perfil ideológico intransigente frente al PP y las urgencias aritméticas de un bloque conservador que busca desalojar al Gobierno de coalición.
El control parlamentario del Senado es una pieza codiciada, pero el debate de fondo trasciende los números: pactar la retirada de listas electorales plantea si la rentabilidad de los escaños puede situarse por encima de las líneas rojas sobre derechos humanos e igualdad. En definitiva, votar a Feijóo para "castigar" al PSOE, sería castigarnos a todos con esta posible unión.
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