La Comunidad Valenciana aprueba una ley histórica para garantizar la accesibilidad universal

A principios de año, el Congreso y el Senado aprobaron la modificación del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término "disminuido" por "persona con discapacidad", con el voto en contra de Vox. Ahora, Les Corts han logrado un consenso total para aprobar la nueva Ley de Accesibilidad Universal de la Comunidad Valenciana, considerada un "hito" para las entidades del sector. La ley incluye medidas clave en educación, sanidad, infraestructuras y vivienda, como la reserva del 7 % de viviendas públicas para personas con discapacidad.

Una nueva Ley de Accesibilidad Universal en Valencia

Este año, el Congreso y el Senado aprobaron la modificación del artículo 49 de la Constitución para cambiar "disminuido" por "persona con discapacidad". Ahora, Les Corts aprobará la Ley de Accesibilidad Universal de la Comunidad Valenciana, un avance clave para las entidades del sector.

La ley incluye medidas en educación, sanidad y vivienda, como la reserva del 7 % de viviendas públicas para personas con discapacidad y un 5 % de taxis adaptados en cada municipio.

Luis Vañó, presidente del Cermi, destacó que la ley introduce un enfoque integral de accesibilidad, más allá de las rampas, para asegurar la accesibilidad total en todos los espacios.

Medidas sobre la vivienda y el empleo adaptado

La nueva ley incluye importantes medidas sobre vivienda y empleo adaptado. En el ámbito de la vivienda, establece que tanto en nuevas construcciones como en edificios ya existentes se deben cumplir condiciones de accesibilidad y no discriminación.

Un aspecto clave es la reserva de viviendas protegidas: al menos el 7 % de las viviendas de promoción pública deben ser accesibles y adaptadas para personas con discapacidad, mientras que el 4 % corresponde a las de promoción privada. El Cermi propuso aumentar esta reserva al 10 %.

Además, si las comunidades de vecinos no adaptan los edificios, los ayuntamientos podrán intervenir para garantizar la movilidad de las personas con discapacidad, siempre que se cumpla una serie de condiciones específicas.

En cuanto al empleo, la ley obliga a las empresas a adaptar los puestos de trabajo, ya sea modificando instalaciones, equipos o herramientas. Si no es posible la adaptación, deben ofrecer un puesto alternativo con características similares.

Un transporte público, bibliotecas y otras instalaciones accesibles

La ley establece que el transporte público debe ser accesible y que al menos el 5 % de los taxis en todas las áreas deben ser adaptados. También regula la creación de plazas de aparcamiento reservadas y el transporte adaptado a demanda en zonas rurales.

Algunas reformas:

• En educación, los centros deben ser accesibles, con transporte adaptado, actividades inclusivas y material específico. Además, se prevé un protocolo contra el acoso escolar hacia personas con discapacidad.
• En salud, todos los centros deben contar con accesos y equipamiento adecuado, incluyendo consultas ginecológicas adaptadas para mujeres con discapacidad.
• La reciente ley aborda la vulnerabilidad de las personas con discapacidad en situaciones de emergencia, como lo mostró la dana. Establece que los planes de emergencia y protección civil deben incorporar sistemas de alerta accesibles, tanto visuales como sonoras, y métodos de notificación directa para personas con discapacidad y mayores.
• Además, exige que la información pública esté disponible en diversos formatos, como braille, lengua de signos y audio, y que se ofrezcan servicios de intérpretes de lengua de signos en las administraciones.
• También se garantizan espacios públicos accesibles, como playas, bibliotecas, instalaciones deportivas y teatros. Las playas deberán contar con puntos accesibles, pasarelas, aparcamientos adaptados y servicios adecuados para personas con movilidad reducida.

Por último, la ley crea el Consejo Valenciano de Promoción y Garantía de la Accesibilidad Universal, que supervisará el cumplimiento de las medidas, y una Oficina de Coordinación encargada de apoyar el desarrollo de políticas públicas y gestionar sugerencias y quejas.