Hay una falta de vivienda accesible, asequible e inclusiva para las personas con discapacidad

La Plataforma Representativa de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Predif) ha decidido denunciar este pasado lunes la gran falta de vivienda accesible, asequible e inclusiva que todavía existe en España, la cual “mantiene atrapadas” a unas 100.000 personas con discapacidad en casas sin adaptar a sus necesidades, según datos del Cermi.

Predif defiende la accesibilidad como un derecho humano

En esta línea, Predif ha defendido la accesibilidad como un derecho humano que resulta “imprescindible ejercer para la igualdad de oportunidades y la verdadera inclusión en todos los ámbitos de la persona y en las diferentes etapas vitales”.

Así lo recoge la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que este lunes celebra su Día Nacional en España, donde se especifica el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad.

En España hay alrededor de 4 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Según el Instituto Nacional de Estadística, en uno de cada cinco hogares españoles vive al menos una persona con discapacidad, el 20 % de los hogares. Según los datos del Cermi, este incumplimiento hace que más de 269.000 personas con discapacidad vivan institucionalizadas, muchas de ellas por no tener alternativa habitacional.

La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal

Por ello, la plataforma apoya la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, en concreto la supresión del límite de 12 meses de cuotas cuando la soliciten vecinos con discapacidad o mayores de 70 años, postura compartida por el Cermi en su manifiesto por el 3 de mayo de este año. 

Es muy importante regular el precio de las viviendas. Predif reivindica la asequibilidad mediante políticas públicas de vivienda que faciliten soluciones habitacionales “dignas, adecuadas y libremente elegidas”, y la protección judicial del derecho a la vivienda. Actualmente, el 94 % del sistema judicial no cuenta con medidas de accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan exigir este derecho o buscar reparación ante desahucios o barreras, según apunta el Cermi.

Igualmente, la confederación continúa exigiendo el cumplimiento de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, que entró en vigor en 2013 y recordó que uno de sus supuestos daba como plazo para la adecuación de las edificaciones a las normas de accesibilidad el 4 de diciembre de 2017, que más de tres años después sigue siendo, a su entender, “una irrealidad”.

¿Qué debe cumplir una vivienda accesible?

En la mayoría de las edificaciones de nueva construcción ya se aplica la normativa para que sean accesibles. Sin embargo, los inmuebles que tienen más de 25 años no suelen estar adaptados. Por ello, para casi 4 millones de personas, encontrar una casa adaptada a sus necesidades puede ser un problema, ya que el parque español de viviendas no está preparado.

En general, el edificio no preparado no se adapta hasta que existe una necesidad por parte de algún vecino de disponer de una rampa y/o ascensor. Entonces entra en juego la Ley de Propiedad Horizontal. Desde su reforma de 2003 la ley requiere el voto favorable de la mayoría de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación, para obligarles a realizar obras de adaptación.