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El encuentro “El hambre invisible en España: el reto de medir y reducir la inseguridad alimentaria”, organizado por Acción contra el Hambre, ha congregado hoy en Madrid a personas expertas en nutrición, salud e inseguridad alimentaria del panorama nacional e internacional, una jornada que cobra especial relevancia a la luz de los últimos datos arrojados por la Encuesta de Condiciones de Vida del INE publicada el pasado mes: más del 26% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Es decir, una de cada cuatro personas vive con unos ingresos demasiado bajos, privación material severa o una intensidad de empleo muy baja, hecho que incide directamente en la inseguridad alimentaria.
Este encuentro ha servido para abordar la situación del hambre invisible y la inseguridad alimentaria en España. Una problemática que, hoy en día, no cuenta con medidores estandarizados ni estadísticas oficiales que permitan prevenir, diseñar y reorientar políticas públicas que anticipen y mitiguen sus efectos.
Ante la carencia de datos homogéneos y estadísticas sobre la materia, el encuentro ha servido para dar a conocer el sistema de seguimiento y alerta temprana de inseguridad alimentaria que Acción contra el Hambre ha desarrollado para monitorear el hambre invisible por regiones en España y anticipar la acción de las entidades sociales, de salud y políticas a nivel local. Un mecanismo que, durante 2024 y 2025, se implementará en la Comunidad de Madrid en el marco del programa Piloto de innovación social para la empleabilidad y la seguridad alimentaria en la Comunidad de Madrid, financiado por la CAM a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia NextGenerationEU de la Unión Europea.
El hambre invisible en España: Retos e ideas
Durante la bienvenida institucional, el director de Ingeniería Técnica y Acción Social España de Acción contra el Hambre, Luis González, ha subrayado: “En España, hay una inseguridad alimentaria estructural que está invisibilizada, cuyas causas son complejas y variadas y requieren un análisis sistémico; no son causa-efecto”.
Por ello, Luis González ha resaltado la necesidad de “tomar medidas como proteger los sistemas de protección social y que todas las personas tengan acceso a una renta mínima, promover la integración de un enfoque saludable en las políticas de empleo, garantizar el acceso a alimentos básicos o campañas de alimentación saludable, entre otras”.
La siguiente ponencia ha servido a Carlo Cafiero, desarrollador de la ESCALA FIES y estadístico senior de la ONU para la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura); Ana Moragues-Faus, doctora en economía agrícola, sociología rural y política alimentaria, y Pablo Soriano, responsable de proyectos de Acción Social en Acción contra el Hambre, para explicar la importancia de los sistemas de vigilancia y los indicadores estandarizados como herramientas para monitorizar la inseguridad alimentaria y prevenirla, orientando la asignación de recursos y políticas públicas de forma más eficiente.
Pablo Soriano, por su parte, ha explicado la propuesta de la entidad para implementar un sistema de alerta temprana que ayude a medir la inseguridad alimentaria y su evolución, cuyo objetivo es “adelantarse a las emergencias”. ¿Cómo hacerlo? A través de tres grupos de variables: socioeconómicas, de consumo y con la escala FIES.
Finalmente, la última mesa ha acogido a la integrante de la red CALP y responsable de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida de Acción contra el Hambre, Hélène Pasquier, y la investigadora y profesora titular de Salud Pública en la Universidad Ramón Llull, Elena Carrillo, que han dialogado sobre las transferencias monetarias para combatir de manera directa la inseguridad alimentaria en las familias al tiempo que permite impulsar las oportunidades de empleabilidad.
El hambre en España: la propuesta de Acción contra el Hambre
Además de estos sistemas de seguimiento, desde Acción contra el Hambre, con el objeto de garantizar el derecho a la alimentación en nuestro país, desarrolla una serie de actividades con el foco puesto en: reforzar las políticas activas de empleo con un enfoque de salud basado en mejora nutricional y hábitos saludables, orientar las rentas y prestaciones sociales para garantizar la seguridad alimentaria, mejorar la eficiencia de ayudas monetarias para la alimentación -incluyendo el sistema de tarjetas- y diseñar programas de promoción de nutrición y alimentación saludable para la infancia.
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