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El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid dio luz verde el pasado miércoles a una partida presupuestaria de 2,8 millones de euros orientada a potenciar el acogimiento familiar y la red de protección de menores en la región. La inversión se encauzará a través de dos licitaciones públicas que estarán vigentes desde el 1 de enero de 2027 hasta el 31 de diciembre de 2028. Esta actuación busca garantizar que los niños y adolescentes tutelados por la Administración que presentan un perfil de especial vulnerabilidad o diversidad funcional dispongan de un entorno de convivencia seguro, estable y plenamente adaptado a sus circunstancias particulares.
El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha subrayado que este programa está diseñado para proporcionar un seguimiento psicoeducativo continuo y personalizado. La medida está enfocada prioritariamente a grupos numerosos formados por tres o más hermanos para evitar su separación, a menores con discapacidad o dolencias que comprometan su autonomía personal, así como a aquellos que atraviesan dificultades emocionales o de adaptación social. Con esta iniciativa se busca garantizar el derecho de la infancia a desarrollarse dentro de un hogar, impulsando la figura del acogimiento familiar como alternativa prioritaria a la institucionalización residencial.
Dos modalidades profesionalizadas de acogimiento familiar especializado
La regulación madrileña articula este recurso especializado a través de dos itinerarios técnicos bien diferenciados, según la complejidad de las necesidades que presente el niño o adolescente. La primera opción, denominada de especial dedicación, exige que al menos un integrante del núcleo acogedor priorice de forma continuada la atención integral del menor. Por su parte, la variante de especial preparación está reservada a personas que acrediten titulación académica, trayectoria profesional y formación específica en el área de infancia y juventud para intervenir en situaciones de mayor exigencia técnica.
Para la captación, evaluación y seguimiento de las candidaturas, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales contará con el respaldo técnico de dos entidades sociales de acreditada solvencia en el sector. Estas organizaciones acompañarán a los participantes durante todo el proceso de valoración y prestarán asesoramiento especializado continuo para que el acogimiento familiar se desarrolle con las máximas garantías de éxito y bienestar para los menores tutelados.
Incremento de las prestaciones económicas para los núcleos acogedores
De forma paralela a la inversión en gestión técnica, el Ejecutivo autonómico aplicará un notable incremento en las transferencias económicas directas destinadas a los hogares participantes. La dotación anual global alcanzará los 16 millones de euros, cumpliendo así el compromiso anunciado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante el último Debate sobre el Estado de la Región. Este impulso económico busca mitigar el impacto financiero que asumen los hogares y fomentar la adhesión de nuevos voluntarios a la red pública.
A partir de enero de 2027, las cuantías experimentarán subidas generalizadas en todas sus vertientes. Las familias integradas en la modalidad general percibirán una asignación mensual de 600 euros por cada menor bajo su custodia, mientras que aquellas que asuman la crianza de niños con requerimientos de salud o conducta específicos recibirán 1.200 euros mensuales por menor, lo que representa un aumento del 20 % en ambas categorías. En paralelo, la modalidad de urgencia —orientada a la primera infancia de hasta seis años— elevará su cuantía hasta los 2.500 euros al mes, con un repunte del 25 %. Adicionalmente, se establecerá un incentivo anual de 2.500 euros en pago único para quienes incorporen en un mismo hogar a dos o más hermanos bajo el sistema de acogimiento familiar.
Balance del sistema autonómico de protección a la infancia
Los programas de respaldo a la convivencia familiar puestos en marcha desde el año 2022 han alcanzado a un total de 2.380 hogares en el territorio autonómico. Actualmente, la red de atención a la infancia de la Comunidad de Madrid tutela a más de 4.100 menores de edad que requieren medidas de protección legal debido a diversas situaciones de desamparo familiar.
Del cómputo global de niños bajo tutela institucional, aproximadamente 1.800 permanecen atendidos en centros de red residencial pública o concertada. Por el contrario, más de 2.000 menores se encuentran ya integrados plenamente en un hogar protector. El objetivo prioritario de las nuevas partidas presupuestarias es reducir paulatinamente la cifra de internamientos en centros para que la modalidad de acogimiento familiar se consolidé como la respuesta prioritaria del sistema público de protección.
Un modelo centrado en el bienestar emocional de los menores
La combinación de apoyo técnico profesionalizado e incentivos económicos busca consolidar un modelo de protección infantil más humano y eficiente. Las autoridades autonómicas coinciden en que la convivencia en un entorno doméstico favorece el desarrollo afectivo y cognitivo de los niños frente a la estancia prolongada en recursos residenciales.
Con la entrada en vigor de estos nuevos contratos y la actualización de las cuantías económicas, Madrid aspira a situarse a la vanguardia de las políticas de infancia. El fortalecimiento del acogimiento familiar permitirá ofrecer una respuesta integral a las situaciones más complejas, garantizando el derecho fundamental de todos los menores a crecer en el seno de una familia.
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