Gobierno, patronal y sindicatos pactan la primera parte de la reforma de las pensiones

El Gobierno, los sindicatos y las patronales han alcanzado un principio de acuerdo para un primer paquete de reforma del sistema de pensiones.

Las pensiones subirán con el IPC cada año

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado de que la mesa de diálogo social en la que están Gobierno y agentes sociales ha cerrado un texto que “debe ser ratificado por los órganos correspondientes de los interlocutores sociales” y “el acuerdo se formalizará” una vez que los sindicatos y la patronal lo ratifiquen.

Por su parte, CCOO y UGT informaron en un comunicado conjunto de que se ha logrado un preacuerdo con el Gobierno y los empresarios con el que las pensiones se actualizarán con “una nueva fórmula” ligada al IPC medio “que garantiza plenamente el mantenimiento del poder adquisitivo” y “se deroga también el Factor de Sostenibilidad, que suponía la minoración de la pensión inicial en relación a la evolución de la esperanza de vida”.

Las centrales valoraron que “de este modo, se devuelve el sistema de pensiones a la garantía de la suficiencia de las prestaciones tanto de los actuales pensionistas como para los futuros jubilados”.

El acuerdo recoge también las medidas para penalizar las prejubilaciones y fomentar el retraso de la edad real de retiro

Los sindicatos indicaron que “se reducen de forma generalizada los coeficientes reductores”, se da “mayor equidad a las reglas de jubilación anticipada” para las que son voluntarias y las involuntarias y “se amplían los derechos de jubilación en varias modalidades”.

De igual forma, expusieron que el acuerdo “refuerza el sistema de incentivos para garantizar la adecuación voluntaria de la edad efectiva y legal de jubilación”.

Por ejemplo, para incentivar el retraso de la jubilación más allá de los 67 años, se ofrecerá a los trabajadores bonus económicos de hasta 12.000 euros en función de lo que haya cotizado el empleado y de los años que decida seguir trabajando más allá de la edad de jubilación legal.

Asimismo, se incluye la puesta en marcha de una fórmula permanente de financiación de las pensiones a través de los Presupuestos Generales del Estado, otra de las recomendaciones planteadas por los partidos en el Pacto de Toledo. En concreto, informan fuentes sindicales, se incluirá en la Ley General de Seguridad Social una cláusula mediante la cual se realizará cada año una transferencia de cerca del 2 % del PIB (unos 20.000 millones de euros) a la Seguridad Social. Eso sostienen los sindicatos, supone garantizar "cerca de la mitad del incremento de financiación adicional que se prevé que necesitará nuestro sistema de pensiones para el año 2050".

El pacto también contempla ciertos retoques en el reconocimiento del derecho a la pensión, entre los que destaca la equiparación de la pensión de viudedad para las parejas de hecho, la extensión del derecho a cotización por las becas -remuneradas o no- siempre y cuando estén vinculadas a estudios universitarios o de formación profesional, o la mejora de los convenios especiales de cuidadores familiares de personas dependientes.

Lo acordado entrará en vigor a partir del año 2027

No obstante, el nuevo método aún no está diseñado: para cerrarlo, Gobierno, patronal y sindicatos se han dado un plazo de cuatro meses y medio. Seguridad Social no da detalles sobre cuál será su propuesta para este sistema.

Fuentes del Ministerio de Seguridad Social calculan que, para 2048 -la fecha en la que se estima que el número de pensionistas alcanzará su pico-, la revalorización de las pensiones con el IPC y, sobre todo, el aumento del número de pensionistas incrementará el gasto en esta partida en el equivalente a 2,5 puntos del PIB. El Gobierno pretende financiar ese aumento del gasto a través de este mecanismo de equidad y acercando la edad real de jubilación a la legal.

La segunda parte, aún por negociar

Una vez alcanzado este pacto, que será ratificado por las direcciones de sindicatos y patronal, la reforma se enfrentará a varios meses de tramitación parlamentaria, aunque el compromiso adquirido por el Gobierno con la UE es que esté en vigor antes de fin de año.

No obstante, este primer paquete de medidas es tan solo una primera parte de la reforma de las pensiones, y aún quedan por negociar para una segunda ronda de reformas varios de los asuntos más controvertidos y en los que las posiciones son más distantes.

Es el caso, por ejemplo, de la polémica ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión más allá de los actuales 25 años, al que finalmente se ha comprometido Sánchez con Bruselas para el cuarto trimestre de 2022. Y para esa misma fecha se plantea que entre en vigor el aumento de la base máxima de cotización de forma "gradual", para que los sueldos más altos aporten por una parte mayor del salario que hasta ahora.