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La brecha económica entre los recursos disponibles y el coste real de proteger a las poblaciones más expuestas alcanza dimensiones críticas. Según la undécima edición anual del 'Informe sobre la brecha de adaptación', publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) a las puertas de la COP31 en Antalya, la financiación internacional procedente de las naciones más industrializadas resulta diez veces menor de lo imprescindible. Con una senda térmica global que amenaza con rebasar el umbral de los 1,5 grados sobre la era preindustrial, la falta de inversión deja desprotegidas a millones de personas frente a sequías extremas, crecidas fluviales y la subida de los océanos, consolidando una brecha donde la adaptación climática avanza a un ritmo alarmantemente lento.
Urgencia financiera y brecha de adaptación climática
El informe del Pnuma pone de relieve un desequilibrio estructural entre el dinero aportado y las exigencias del calentamiento global. Los analistas estiman que los costes asociados a la adaptación climática en el mundo en desarrollo ascenderán a un promedio de 305.000 millones de dólares anuales hacia 2035, una cantidad que únicamente refleja el ámbito público y podría duplicarse si se computan las necesidades del tejido corporativo privado. Frente a estas previsiones, las transferencias públicas desde las economías prósperas hacia el sur global sumaron entre 28.200 y 31.700 millones de dólares en el año 2024. Este flujo constata un estancamiento manifiesto, habiendo crecido apenas mil millones de dólares respecto al ejercicio precedente. Aunque los pequeños Estados insulares y los países menos adelantados registraron ciertas mejoras entre 2019 y 2024, sus cuantías cayeron respecto al techo alcanzado en 2022.
Metas insuficientes en las cumbres internacionales
El marco de compromisos asumido en las reuniones multilaterales ofrece un alivio insuficiente ante la magnitud del problema. Incluso si la comunidad internacional lograra materializar el acuerdo adoptado el año pasado en la COP30 de Belém para triplicar los fondos públicos de cara al año 2035, el ajuste por inflación revela que dicho volumen únicamente cubriría entre el 20 % y el 29 % de las necesidades identificadas. La directora ejecutiva del Pnuma, Inger Andersen, advirtió con contundencia de que la sociedad no se encuentra preparada para afrontar los escenarios climáticos presentes ni los impactos derivados de sobrepasar el límite de 1,5 grados. Andersen instó a los negociadores que se reunirán en Turquía a intensificar los esfuerzos y superar las metas de Belém, con el propósito prioritario de salvaguardar vidas, amortiguar pérdidas catastróficas y evitar la ruina económica de las regiones empobrecidas, donde la adaptación climática constituye una cuestión de supervivencia básica.
El papel de la banca multilateral y el sector privado
Dentro de este adverso panorama financiero, el informe detecta algunos indicios positivos que podrían atenuar el déficit de cobertura. La meta fijada en el Pacto Climático de Glasgow de duplicar la financiación en 2025 respecto a los niveles de 2019, hasta situarla en 40.000 millones de dólares, todavía resulta alcanzable si concurren determinados factores. Para ello será determinante que la aportación hacia la adaptación climática por parte de los bancos multilaterales de desarrollo compense la caída de la ayuda oficial al desarrollo registrada en diversos socios bilaterales. Por otra parte, la participación del capital privado muestra signos de expansión, si bien sus fondos suelen concentrarse en salvaguardar activos comerciales propios o dependen de recursos movilizados por los propios países receptores, con una capacidad para aliviar la brecha pública estimada entre un 15 % y un 20 % del total requerido.
Reformas institucionales y gestión de pérdidas y daños
La disponibilidad de capital resulta infructuosa sin una arquitectura administrativa eficaz capaz de canalizarlo. El organismo internacional subraya que impulsar con éxito la adaptación climática exige derribar barreras burocráticas y consolidar marcos legislativos sólidos. Diversos gobiernos han comenzado a promulgar leyes marco sobre cambio climático, crear plataformas de políticas públicas e instaurar mecanismos para canalizar los fondos. Sin embargo, la persistente lentitud global provoca que las pérdidas y los perjuicios materiales continúen multiplicándose sin freno. En la actualidad, los fondos específicos de pérdidas y daños permanecen muy por debajo de la demanda real, lastrados por trámites complejos y una reducida capacidad técnica, lo que demuestra que desatender la adaptación climática condena a las comunidades vulnerables a asumir impactos irreparables.
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