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Alrededor de 215.000 españoles que residen en 171 municipios se abastecen con agua contaminada con niveles de nitratos de superiores a lo idóneo para que sea apta para el consumo humano y que proceden sobre todo de macrogranjas, pero también del uso de abonos nitrogenados para regadío intensivo.
Así se refleja en el informe 'La contaminación por nitratos y su impacto en el medio ambiente y el agua de consumo humano', elaborado por Ecologistas en Acción.
El estudio se basa en datos de 2022 (último año con información disponible) de los ministerios de Sanidad y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Un 11 % del agua contaminada por nitratos superaban las concentraciones de la norma de calidad ambiental en 2022
Por otro lado, el informe detalla que un 37 % de las aguas subterráneas superaban el valor límite de nitratos, con los porcentajes más altos en el Guadiana, Baleares y el Segura.
Este agua contaminada llegó hasta el suministro del recurso, y en gran parte afecto a la ‘España despoblada’, lo que afectó a 214.851 habitantes, sin contar la población vacacional.
Las localidades afectadas albergan una elevada cabaña ganadera en intensivo. “El número de personas afectadas con toda seguridad es superior porque en 26 redes de distribución no hay habitantes censados por tratarse de centros deportivos, colegios, etc.”, apunta el informe.
Además, Ecologistas en Acción subraya que la cifra de municipios podría ser superior porque Sanidad controló el nitrato en el 62,9 % de las zonas de abastecimiento de agua contaminada; un 12,5 % de las infraestructuras y un 11,4 % de los puntos de muestreo.
Hernández destacó el caso de Baleares, que depende mayoritariamente de las aguas subterráneas para abastecer a su población. Pues bien, el 54 % de ellas eran agua contaminada con nitratos en 2022, lo que afectó a 12 municipios.
Un derecho humano que se ve roto por la contaminación
Ante esta situación y dado que el acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano, considerado como tal por Naciones Unidas desde 2010, por lo que, según Ecologistas en Acción, el hecho de que se suministre agua contaminada no apta para el consumo a más de 200.000 personas supone “un claro retroceso en cuanto a calidad de vida” que afecta sobre todo a pueblos.
Según Hernández, la presencia de nitratos en el agua de consumo humano causa toxicidad por nitritos y compuestos N-nitrosos.
La reducción del nitrato a nitritos puede ocasionar metahemoglobinemia (forma de hemoglobina que impide que llegue suficiente oxígeno a los tejidos), principalmente en los lactantes menores de seis meses.
“Los síntomas de la metahemoglobinemia incluyen dolor de cabeza, mareo, cansancio, falta de aliento, náuseas, vómitos, latidos cardíacos rápidos, pérdida de coordinación muscular y piel de color azul”, comentó Hernández.
Por otro lado, un estudio reciente realizado en Dinamarca concluye que el valor límite máximo permitido por la legislación europea (50 mg/l) es insuficiente para proteger a la población, especialmente ante enfermedades como el cáncer colorrectal y en niveles superiores a 4 mg/l.
Propuestas para terminar con esta situación perjudicial para la salud
Por todo ello, Ecologistas en Acción reclamó que se intensifiquen los controles en el agua de abastecimiento a poblaciones en todos los municipios españoles con el fin de detectar los incumplimientos en materia de nitratos.
Asimismo, la organización ecologista exigió al Gobierno español y a los partidos políticos que modifiquen un real decreto de agua de consumo humano, de 2023, para reducir el valor límite máximo permitido de nitratos.
Ecologistas en Acción consideró “inadmisible” que en el agua potable se permitan 50 mg/l de nitratos debido a su implicación en el desarrollo de cánceres y porque el límite permitido para los ecosistemas fluviales es la mitad que el permitido para el agua de boca.
En cuanto a la contaminación ambiental, Ecologistas en Acción pidió que se reduzca el uso de abonos nitrogenados a al menos el 20% propuesto por la Comisión Europea y se frene la expansión de la ganadería intensiva desde los ámbitos estatal y autonómicos, ya que ambas actividades producen daños ambientales, en muchos casos irreversibles.
Por último, Ecologistas en Acción señaló que los responsables económicos “causantes” de la contaminación (ganadería y agricultura intensivas) deben pagar los sobrecostes de la potabilización del recurso para frenar el agua contaminada.
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