Sánchez sufre el primer contratiempo de la legislatura

Los ayuntamientos han escenificado el primer revés de Pedro Sánchez durante la legislatura. Todas las fuerzas políticas salvo PSOE, UP y Tomás Guitarte de Teruel Existe, han votado en contra de disponer de los remanentes de los ayuntamientos. En contra han estado fuerzas tan contrapuestas como el Partido Popular (PP) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Esto supone un esfuerzo extra para dialogar y poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

José Luis Martínez – Almeida hace un llamamiento al Gobierno para el diálogo

El portavoz nacional del PP y actual alcalde del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez – Almeida, ha hecho un llamamiento al Gobierno y a todas las fuerzas del hemiciclo para negociar ya "de una forma definitiva" una fórmula que permita que los ayuntamientos dispongan de financiación suficiente. "No es una cuestión de victoria o derrota política; lo de hoy lo único que nos exige a todos, empezando por el Gobierno de la nación, es sentarnos y solucionar los problemas de los ayuntamientos", "ya estamos tardando".

María Jesús Montero, portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, se empleó bastante para hacer cambiar la opinión de todos los grupos: “La gente quiere respuestas claras, urgentes, y esta situación es inédita y requiere del concurso de todos", argumentó la ministra, que aseguró que, si no se aprobaba el decreto "lo que no puede ocurrir es una tanda de reproches o petición de respuestas al Gobierno”. Otras formaciones como ERC y EH-Bildu han insistido en que se reformara la Ley de Estabilidad Presupuestaria para permitir a los consistorios gastar sus remanentes. El PNV, por su parte, denunció que la iniciativa no respetaba las competencias forales.

¿Qué diferencia hay entre remanentes y superávit?

La situación de superávit es haber terminado un ejercicio con más ingresos que gastos. Por ejemplo, si en 2019 un ayuntamiento ingresó 100 millones de euros y gastó 80 millones, tiene un superávit de 20 millones. Por otro lado, los remanentes son los ahorros que se han acumulado de otros ejercicios y que todavía no se han gastado.

¿Qué tres medidas no han agradado a los alcaldes?

• Fondo limitado y condicionado

El decreto rechazado por el Congreso ayer ponía en marcha un fondo de 5.000 millones de euros para los ayuntamientos. Pero los consistorios no podían gastar la parte que les correspondiera libremente, sino en unas inversiones previamente definidas por el Gobierno.

• Condicionado a prestar los remanentes al Estado

La propuesta inicial de Hacienda era que solo recibirían dinero de este fondo (5 000 millones) si aportaban el dinero disponible al Estado. Para intentar evitar la derrota parlamentaria, la última oferta del Gobierno fue que el 60% del reparto de los 5.000 millones siguiera vinculada al préstamo previo de los remanentes, mientras que el 40% restante lo estuviera a la población de cada municipio.

• Aprobado sin consenso

Los alcaldes se han quejado de la falta de diálogo. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprobó por la mínima y gracias al voto de calidad del regidor olívico, Abel Caballero.

El Gobierno ha de enfrentarse a la Constitución

Además de tener en contra a la mayoría de los regidores (a excepción de los socialistas), el Gobierno tiene en contra a la Constitución española de 1978. El artículo 135 de la Constitución y el artículo 11.4 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, impiden que los ayuntamientos tengan déficit, es decir, que gasten más de lo que ingresan en un año.

Otra condición que tienen los ayuntamientos es la regla de gasto (artículo 12 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria). Este artículo establece que un ayuntamiento no puede gastar más de una cantidad determinada con respecto al año anterior. La cantidad además viene marcada por la “tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española”, que en 2020 es del 2,9%. Por ejemplo, si en 2019 un ayuntamiento gastó 100 millones de euros, según esta regla, en 2020 no puede gastar más de 102,9 millones.