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La dimensión epidemiológica y social de los trastornos neurodegenerativos continúa alcanzando niveles alarmantes en la sociedad contemporánea. Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Alzheimer, la Sociedad Española de Neurología (SEN) ha alertado de que en España se diagnostican cada año aproximadamente 40.000 nuevos casos de alzhéimer, una afección en la que las mujeres representan más del 65 % de los diagnósticos. En la actualidad, unos 800.000 pacientes conviven de manera directa con esta patología en todo el territorio nacional, constituyendo entre el 60 % y el 70 % del total de diagnósticos de demencia registrados por las autoridades sanitarias.
A escala global, las cifras reflejan una crisis de salud pública de primera magnitud: más de 57 millones de personas padecen demencia en el planeta, notificándose diez millones de nuevos casos anuales. Las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostienen que el progresivo envejecimiento de la población mundial elevará la cifra a 78 millones de afectados en 2030 y a 139 millones en 2050. En nuestro país, el conjunto de las demencias causó más de 36.000 fallecimientos en 2025, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), superando a cualquier otra causa específica de mortalidad.
La incalculable carga económica y el impacto familiar del alzhéimer
Esta afección neurológica representa una de las causas principales de discapacidad y dependencia en adultos mayores. La coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la SEN, la doctora Raquel Sánchez del Valle, remarca que los pacientes con esta patología y otras demencias asociadas asumen más del 60 % de la dependencia en España. Sin embargo, la mayor parte de este desgaste recae sobre la estructura familiar: la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (Ceafa) cifra en 35.000 millones de euros el impacto económico anual del alzhéimer a nivel estatal.
A nivel individual, un informe de la Fundación Pasqual Maragall sitúa en 42.000 euros anuales por persona el coste medio vinculado al cuidado del enfermo, una cifra que escala por encima de los 77.000 euros en sus estadios más avanzados. Dado que cerca del 70 % de las horas de atención no remunerada las asumen las mujeres de la familia, la sobrecarga continuada provoca que casi el 60 % de las personas cuidadoras termine desarrollando patologías y morbilidades físicas o psicológicas asociadas al esfuerzo del cuidado prolongado.
La controversia en torno al acceso público a las nuevas terapias
El plano farmacológico ha registrado avances sustanciales, aunque su llegada a los pacientes se enfrenta a importantes trabas administrativas. Se calcula que alrededor del 4 % de las personas diagnosticadas de alzhéimer en el país reúne las condiciones clínicas idóneas para tratarse con dos nuevos medicamentos recientemente aprobados por la Unión Europea. Ambos fármacos, indicados para estadios iniciales de la enfermedad, han demostrado en sus correspondientes ensayos clínicos una capacidad de ralentización del deterioro cognitivo de entre el 27 % y el 29 % a los 18 meses de administración.
Pese a que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha otorgado la autorización comercialización y a que países como Estados Unidos, Reino Unido, Japón o China ya los emplean en sus redes asistenciales, el acceso en España se encuentra restringido. El pasado 15 de julio, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) resolvió rechazar la financiación de estas terapias dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta decisión limita de forma drástica la prescripción del tratamiento contra el alzhéimer únicamente a la sanidad privada.
Petición formal para garantizar la equidad en la sanidad pública
La resolución del órgano regulador ha provocado una profunda preocupación entre la comunidad médica. Desde la SEN, la doctora Raquel Sánchez del Valle solicita formalmente a las administraciones sanitarias que reconsideren el dictamen sobre los fármacos contra el alzhéimer. Restringir la administración de estas moléculas exclusivamente a los ciudadanos que puedan sufragárselas con recursos propios atenta contra el principio fundamental de equidad sobre el que se cimenta el sistema público de salud.
La sociedad científica ha reiterado su plena disposición a trabajar codo con codo con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en la articulación de circuitos de administración seguros, rigurosos y sostenibles económica y financieramente. El objetivo principal es lograr que el diagnóstico precoz del alzhéimer vaya acompañado de una incorporación ordenada de los tratamientos más avanzados en la cartera común de servicios, evitando que la capacidad adquisitiva determine el acceso a la ralentización del deterioro cognitivo.
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