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Ante la pasividad de los Estados y el avance descontrolado del narcotráfico y las petroleras, los pueblos indígenas de la Amazonía han declarado unilateralmente el estado de emergencia de su territorio. Lo han hecho desde el XII Foro Social Panamazónico (FOSPA), celebrado en Puyo, Ecuador, entre el 16 y el 21 de agosto de 2026, donde más de 2.500 representantes de los nueve países de la cuenca amazónica acordaron un mandato y un plan de acción para defender sus tierras.
La Declaración Política de Puyuk, resultado del foro, es clara: “Frente a esta realidad, declaramos a la Amazonía en estado de emergencia como medida de protección y prevención”. Este llamado no es retórico. Responde a décadas de degradación por megaproyectos de infraestructura, expansión agroindustrial, minería ilegal, tala indiscriminada y narcotráfico, que han convertido a la región en un territorio bajo asedio.
En 2025 y 2026, nuevos planes petroleros avanzaron en Brasil y Ecuador, mientras que en Perú la resistencia indígena logró frenar temporalmente el Bloque 64, aunque la presión extractiva sigue creciendo. En Ecuador, siete nacionalidades indígenas de Pastaza denunciaron un plan gubernamental para subastar 49 proyectos de petróleo y gas por más de 47.000 millones de dólares, afectando directamente 29.663 km² de sus territorios ancestrales sin consulta previa.
Libre determinación de los pueblos indígenas frente a fronteras impuestas
Uno de los ejes centrales del FOSPA 2026 fue la reivindicación de la libre determinación de los pueblos indígenas. Las naciones indígenas rechazan las fronteras políticas que fragmentan un territorio que han ocupado por milenios y que, desde su cosmovisión, es uno solo.
Frente al abandono institucional, han organizado sistemas propios de vigilancia territorial, obviando límites estatales y protegiendo lo que consideran sus tierras de invasores, proyectos ilegales y operaciones extractivas. Esta autonomía no es nueva: pueblos como los waorani, shuar, kichwa y andoa han liderado durante años la defensa de sus territorios, incluso enfrentando persecución y criminalización.
Los pueblos indígenas amazónicos no solo denuncian; presentan exigencias claras a los gobiernos de la región:
- Titulación y delimitación jurídica de sus tierras, respetando los límites que ellos mismos marcan y no los impuestos desde los despachos.
- Suspensión inmediata de nuevas concesiones mineras y petroleras en territorios indígenas y áreas protegidas.
- Cumplimiento de fallos judiciales emitidos por tribunales locales y el sistema interamericano, que hasta ahora han sido ignorados o incumplidos.
- Fin a la persecución de comunicadores y defensores ambientales, cuyo activismo ha sido criminalizado en lugar de protegido.
Dirigentes del Pueblo Andoa y Huorani fueron enfáticos: no se puede realizar consultas previas y luego tomar decisiones que contradicen lo acordado, siembran discordia o legitiman abusos.
La selva no se vende
Un mensaje recurrente en el foro fue contundente: “La Amazonía no está en venta”. Los pueblos indígenas dejan claro que defenderán sus tierras de cualquier amenaza, sea estatal o privada. Rechazan las campañas de greenwashing que intentan presentar como “sostenibles” proyectos que en realidad destruyen ecosistemas y vulneran derechos colectivos.
La cuenca amazónica, aseguran, es un espacio de respeto y soberanía donde las tradiciones ancestrales no están en venta y no cederán ni un milímetro ante las presiones.
El FOSPA también planteó que seguir manteniendo un modelo económico basado en el extractivismo no es viable para una región castigada durante décadas. Proponen una transición justa que elimine las industrias contaminantes de la región y devuelva el control a los pueblos indígenas, quienes han demostrado durante milenios su capacidad para cuidar y proteger los ecosistemas.
La declaración exige garantizar derechos colectivos, fortalecer autogobiernos, impulsar economías propias y asegurar la reparación y restauración integral de los territorios dañados. Defienden que una transición energética y económica es posible, pero no sin la participación activa de quienes habitan y cuidan la Amazonía desde hace milenios.
Un plan de acción para los próximos años
Los acuerdos del XII FOSPA se plasmaron en dos documentos clave: la Declaración Política de Puyuk y el Plan de Acción, que guiarán las movilizaciones y estrategias de los pueblos indígenas amazónicos hasta el próximo foro, previsto para 2028 en Mocoa, Colombia.
Entre las acciones concretas se incluyen la articulación de redes de vigilancia territorial, la incidencia en foros internacionales como la COP30, y la exigencia de que los Estados cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos y ambientales.
La Amazonía ha entrado en estado de emergencia. Y esta vez, quienes la defienden no esperan permiso para actuar.
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