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Un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Amnistía Internacional, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y AlertaVenezuela, solicitó este lunes la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela. Las entidades consideran que este mecanismo sigue siendo una herramienta esencial para investigar las graves violaciones de derechos humanos y los posibles crímenes internacionales cometidos en el país.
La petición fue difundida mediante una declaración conjunta publicada coincidiendo con el 63º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, foro en el que la misión presentó sus conclusiones más recientes sobre la situación venezolana. Las organizaciones proponen que el mandato del organismo sea prorrogado hasta el año 2028 para garantizar la continuidad de las investigaciones y el seguimiento internacional.
Un mecanismo que consideran indispensable
Las organizaciones firmantes sostienen que la misión creada por el Consejo de Derechos Humanos desempeña un papel decisivo para documentar hechos, preservar pruebas y aportar información independiente sobre presuntas vulneraciones de derechos fundamentales en Venezuela. A su juicio, mantener activo este mecanismo resulta imprescindible en un contexto donde, aseguran, persisten obstáculos para el acceso a la justicia y la rendición de cuentas.
En la declaración, los colectivos subrayan que la labor de la misión no sustituye el trabajo de otros organismos de Naciones Unidas, sino que lo complementa. En ese sentido, destacan la coordinación con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la importancia de que sus investigaciones sirvan de apoyo a distintos mecanismos internacionales de justicia que analizan posibles responsabilidades por violaciones graves.
La solicitud llega en un momento clave, ya que el Consejo de Derechos Humanos debe evaluar la continuidad del mandato de la misión, cuya existencia ha sido objeto de debate en anteriores sesiones del organismo internacional.
Las conclusiones más recientes sobre Venezuela
Durante la actual sesión del Consejo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos presentó un nuevo informe en el que concluye que en Venezuela continúan registrándose graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes internacionales. El documento sitúa estos hechos dentro de un escenario caracterizado por una “impunidad persistente”, según recogen las organizaciones en su pronunciamiento.
Entre los elementos señalados por la misión figura la participación de grupos civiles armados en la política represiva atribuida al Gobierno venezolano. De acuerdo con las conclusiones presentadas, estos grupos habrían desempeñado un papel relevante en distintos abusos contra los derechos humanos, actuando dentro de un contexto de represión y persecución de determinados sectores de la población.
Las organizaciones consideran que estos hallazgos refuerzan la necesidad de mantener vigente el mecanismo investigador, ya que entienden que la documentación sistemática de los hechos resulta esencial para evitar que las denuncias queden sin seguimiento internacional.
Informes que apuntan a cadenas de mando y responsabilidades
Desde el año 2020, la misión de la ONU ha elaborado diversos informes en los que identifica a presuntos responsables de rango medio y alto dentro de las estructuras del Estado venezolano. Según recuerda la declaración conjunta, las investigaciones también han descrito cadenas de mando en los servicios de inteligencia y en las fuerzas de seguridad, además de analizar el funcionamiento de los organismos implicados en las presuntas violaciones.
Uno de los aspectos más relevantes señalados por las organizaciones es que la misión ha documentado la existencia de una presunta política de Estado dirigida contra personas consideradas disidentes en Venezuela. De acuerdo con sus informes, esa actuación podría constituir crímenes de lesa humanidad, incluida la persecución por motivos políticos, una conclusión que ha sido incorporada de forma reiterada en las investigaciones desarrolladas durante los últimos años.
Para las entidades firmantes, el valor de estos informes reside tanto en la identificación de patrones de conducta como en la preservación de evidencias que puedan ser utilizadas por instancias judiciales internacionales en el futuro.
La importancia del escrutinio internacional
Las organizaciones de derechos humanos sostienen que renovar el mandato hasta 2028 permitiría mantener la vigilancia internacional sobre la situación venezolana y fortalecer los esfuerzos dirigidos a combatir la impunidad. En su opinión, la continuidad de la misión representa una garantía para las víctimas y una vía para que las denuncias de violaciones graves sigan siendo investigadas de manera independiente.
Asimismo, defienden que el trabajo de la misión contribuye a la rendición de cuentas de los posibles responsables de abusos contra los derechos humanos, al tiempo que proporciona información rigurosa al Consejo de Derechos Humanos y a otros organismos internacionales encargados de proteger los derechos fundamentales.
La decisión sobre la renovación del mandato será debatida en el marco del actual periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde los Estados miembros deberán pronunciarse sobre la continuidad de un mecanismo que las organizaciones civiles consideran clave para seguir documentando la situación en Venezuela.
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