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La asunción de Ana Redondo como responsable del Ministerio de Igualdad conlleva la priorización de tres aspectos fundamentales: la extensión de los permisos por nacimiento de 16 a 20 semanas, el desarrollo de reglamentaciones para salvaguardar los derechos de las personas trans y del colectivo LGTBIQ+, y la continua lucha contra la violencia de género. Estos elementos marcan la pauta de su gestión en el nuevo gobierno.
En el traspaso de cartera, Irene Montero, exministra de Igualdad, destacó logros significativos de su mandato, incluyendo la legislación sobre violencias sexuales en torno al consentimiento con la ley 'solo sí es sí', la promoción de un aborto garantista y la ampliación de los derechos LGTBI.
Ana Redondo, por su parte, ha elogiado el trabajo de Montero, subrayando cómo el Comité CEDAW de la ONU destacó los avances del ministerio durante su liderazgo.
Ambas ministras han señalado la existencia de una oposición a estos avances. Mientras Montero la calificó como una "ofensiva reaccionaria", Ana Redondo mencionó las amenazas de retroceso por parte de la extrema derecha, particularmente en comunidades autónomas donde gobierna con el PP.
La recuperación del Ministerio de Igualdad como cartera con entidad propia vino de la mano del Gobierno de coalición, después una década subsumida en otros ministerios. El nuevo gobierno ha mantenido el Ministerio de Igualdad, pero en esta ocasión ha designado a Ana Redondo. La nueva ministra es doctora en Derecho Constitucional y profesora en la Universidad de Valladolid, además de haber sido diputada por el PSOE en las Cortes de Castilla y León y concejala, hasta ahora, en el Ayuntamiento de Valladolid.
Legado y desafíos inmediatos
La gestión previa de Irene Montero se caracterizó por la aprobación de leyes trascendentales, tales como la ley trans y LGTBI, la ley de libertad sexual ('solo sí es sí') y la reforma de la ley del aborto.
Adicionalmente, se implementaron medidas como líneas telefónicas de ayuda - Igualdad puso en marcha el teléfono 021 para atender a víctimas de discriminación racista o xenófoba, así como el teléfono 028 para atender a víctimas de LGTBIfobia - y se fortalecieron iniciativas contra la violencia sexual.
A pesar de los avances legislativos, quedan temas pendientes, como la implementación de centros de crisis para víctimas de violencia sexual y la creación de protocolos contra el acoso racista.
También se espera la aprobación de una ley de cuidados y una ley contra el racismo, aspectos contemplados en el acuerdo entre PSOE y Sumar.
Retos y compromisos venideros
El nuevo Ministerio de Igualdad, liderado por Ana Redondo, podría asumir la responsabilidad de impulsar políticas pendientes, como una ley contra la trata y una ley de familias, según lo estipulado en los acuerdos políticos.
Se enfocará en combatir la violencia de género y promoverá la diversidad sexual y de género, incluyendo la erradicación de discursos de odio y discriminación.
A pesar de los acuerdos políticos para la formación del nuevo gobierno, no se mencionan aspectos como la prostitución ni la gestación subrogada, temas presentes en programas electorales anteriores.
La agenda futura del Ministerio de Igualdad aún no se ha trazado definitivamente, dejando en suspenso proyectos legislativos significativos.
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