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La Comunidad de Madrid presume en su página web de que el 100 % de la flota de autobuses interurbanos es “accesible”. Es decir, que cualquier persona con movilidad reducida puede viajar en ellos. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso “mantiene un firme compromiso con la accesibilidad universal en el transporte público, como derecho fundamental que garantiza la igualdad”, señala la memoria del Consorcio Regional de Transportes (CRT).
Esta memoria revela que por las carreteras madrileñas se mueven 2.108 vehículos en 476 líneas que transportaron en el año 2024 a 307 millones de viajeros en lo que teóricamente constituye una red repleta de autobuses accesibles.
Aumento exponencial de las sanciones económicas
Sin embargo, el número de multas que impone el Consorcio por incumplir la normativa en materia de accesibilidad ha crecido en los últimos cinco años. Si en 2021 se pusieron 248 sanciones, en 2025 se tramitaron 374, un 50 % más. En cuantía económica, la subida es mayor: los 51.660 euros pagados por las empresas en 2021 pasaron a 669.934 euros en 2025, un incremento del 1.196 %. Sumando estos cinco ejercicios, se han puesto 1.490 expedientes sancionadores, que han conllevado aparejadas multas por valor de 1.088.463 euros.
La realidad diaria detrás de los autobuses accesibles
Estos datos fueron obtenidos por la diputada socialista Emilia Sánchez Prieto tras una petición oficial de información. “Estas cifras demuestran que hay problemas de accesibilidad en el transporte. No solo para los viajeros de movilidad reducida, también estamos hablando de problemas de locución en los buses para los viajeros con problemas de visión o falta de información escrita para viajeros con problemas de audición”, explica la parlamentaria, incidiendo en que no basta con anunciar autobuses accesibles si los sistemas internos fallan de forma recurrente. Un portavoz del Consorcio explica que estas sanciones responden generalmente a incidentes muy concretos. “El 100 % de la flota cuenta con autobuses accesibles, pero un vehículo siempre puede presentar alguna incidencia en un momento determinado. Las sanciones suelen deberse a cuestiones como averías en la rampa de acceso, fallos en los sistemas u otros incumplimientos puntuales del servicio”.
Presión social para mejorar las inspecciones
Javier Font es presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma). “Las multas han aumentado porque hemos presionado al Consorcio para que haya un mayor control en materia de accesibilidad”, explica. Los datos revelan que este organismo público ha incrementado las inspecciones para vigilar que las normas se cumplen. Si en 2021 se realizaron 1.976 inspecciones, en 2025 esta cifra subió a 2.857, un 44 % más. A más inspecciones, más sanciones aplicadas sobre los autobuses accesibles.
Font asegura que todavía hay mucho que trabajar. “El mantenimiento de estos vehículos es deficitario y la formación de los conductores es mejorable. Estamos pidiendo que, como ahora toca renovar los contratos, es el momento de hacer ajustes. Si las rampas no se arreglan, la empresa tiene que pagar de su propio bolsillo un taxi para el viajero. Por mucho que el Consorcio diga que la flota es cien por cien accesible, si el mantenimiento no es correcto, no lo es”. En estos cinco años, 29 empresas fueron sancionadas, encabezando el listado De Blas y Cía (Arriva) con 269 sanciones. Le sigue Nex Continental (Alsa) con 158 expedientes y La Veloz con 199. En cuantía económica, Avanza encabeza el ranking: sus 87 multas han conllevado 227.000 euros.
El nuevo mapa concesional de la región
Según los datos del Consorcio, el 28 % de las quejas recibidas están relacionadas con temas de accesibilidad en toda la red (Metro, EMT, Cercanías...). De las 57.000 quejas de 2024, el 24 % se vinculan a los autobuses. Con esa extrapolación, los buses recibieron 14.200 quejas, y el 28 % se vinculan a la accesibilidad. El Consorcio está a punto de aprobar el nuevo mapa concesional de los autobuses interurbanos de la región, el mayor contrato de transporte por carretera de España. Ya se han aprobado los 21 anteproyectos que contienen todas las líneas planificadas para los próximos diez años, un servicio por el que la Comunidad pagará más de 10.000 millones de euros. La red quedará reorganizada en 472 líneas y alcanzará al 98 % de la población. La flota crecerá hasta los 2.470 vehículos, obligando a las empresas a incorporar verdaderos autobuses accesibles en cada ruta.
Otro objetivo del mapa concesional es renovar el parque móvil para que la flota no contamine, es decir, sean vehículos cero emisiones. Las empresas que ganen las concesiones tendrán que subrogar a los trabajadores y renovar los vehículos, que no podrán tener más de 10 años de antigüedad. Todos estarán adaptados para transportar a pasajeros con movilidad reducida, garantizando el despliegue real de autobuses accesibles, con cámaras de seguridad y pago con tarjeta bancaria.
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