España lidera con un 89 % de autopistas gratuitas

El Gobierno de Pedro Sánchez se había comprometido, hace dos años, a establecer un sistema de pago por uso en la red de carreteras de España como parte de su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con un objetivo de implementación para el año 2024. Sin embargo, esta semana, en respuesta a la solicitud del Ejecutivo socialista en funciones, la Comisión Europea ha certificado un acuerdo para aplazar esta medida.

Esto ha suscitado reacciones diversas, ya que, mientras conductores y transportistas han recibido con beneplácito la noticia, las empresas concesionarias de autovías, mayoritariamente controladas por fondos de inversión y constructoras, han experimentado una sorpresa desfavorable.

El enfoque ahora se dirige hacia la promoción del transporte ferroviario de mercancías con el propósito de reducir la presencia de camiones en las carreteras, lo que podría disminuir el uso y el deterioro de la red vial y, en consecuencia, reducir los costos asociados a su conservación y mantenimiento.

La financiación insuficiente para el mantenimiento de carreteras y autopistas en España es un problema que ha persistido a lo largo de los años, y aunque el Gobierno ha incrementado los presupuestos para la conservación, algunas partes interesadas del sector privado sostienen que el déficit sigue en aumento, creciendo aproximadamente 400 millones de euros anuales, lo que llevaría a un déficit de más de 10.000 millones.

Aunque el Gobierno ha expresado su compromiso de adaptar las partidas de conservación para satisfacer las necesidades de la red y reducir el déficit, el impacto de este enfoque sobre las arcas públicas sigue siendo motivo de preocupación.

El Plan Mercancías 30, promovido por Pedro Sánchez, busca aumentar significativamente la participación del ferrocarril en el transporte de mercancías en España para 2030, con el objetivo de alcanzar al menos el 10 % de cuota de mercado.

A pesar de este enfoque en el transporte ferroviario, la falta de medidas alternativas, como el pago por uso, podría resultar en un déficit continuo en el mantenimiento de las carreteras, lo que podría tener implicaciones en términos de seguridad de los usuarios y contaminación, así como en el costo de mantenimiento a largo plazo.

La decisión de aplazar la implementación del pago por uso de las autopistas coloca a España en desacuerdo con la tendencia europea, donde muchas naciones han establecido sistemas de peaje en la mayoría de sus autopistas de alta capacidad.

En la actualidad, solo aproximadamente el 11 % de las autopistas en España cobran peajes, lo que la sitúa como uno de los países europeos con una menor proporción de kilómetros de carreteras de pago.

A medida que España se aleja de la implementación del pago por uso, persisten interrogantes sobre si su apuesta por el transporte ferroviario de mercancías logrará reducir los costos asociados al mantenimiento de las carreteras y al mismo tiempo, garantizar un sistema vial seguro y sostenible.

La tendencia europea en implementación de peajes y la reversión de carreteras en España

En contraste, la tendencia en Europa ha sido la expansión de la implementación de peajes en las carreteras de alta capacidad. Países como Alemania, Reino Unido, Francia, Dinamarca, Bélgica, Noruega, Portugal y otros han establecido sistemas de peaje en la mayoría o la totalidad de sus autopistas. Esta tendencia no solo ha ayudado a financiar la infraestructura vial, sino que también ha contribuido a la gestión del tráfico y la sostenibilidad medioambiental.

En España, la situación se ve complicada por la reversión de autovía concesionadas. Varios tramos de autopistas de peaje han revertido al control estatal, lo que ha aumentado el costo del mantenimiento y el gasto público, además de la pérdida de ingresos fiscales por parte de las concesionarias. La falta de nuevos contratos de concesión y la renuencia a reprivatizar estas vías han llevado a un aumento en los costos de mantenimiento y una mayor dependencia de los fondos públicos.

A medida que España busca alternativas al pago por uso en sus autopistas, persisten preguntas sobre la viabilidad a largo plazo de su modelo de financiamiento de infraestructuras viales y su capacidad para mantener una red vial segura y sostenible.