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La Red de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN-ES) alertó que, sin ayudas sociales ni pensiones, 10,8 millones de personas caerían en la pobreza en el país. Según el XIV Informe "El Estado de la Pobreza", presentado en el Senado, la eliminación de estas prestaciones aumentaría la pobreza en más del 50 % en la mayoría de comunidades, excepto en las que ya tienen niveles altos como Murcia, Canarias, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.
La EAPN-ES advirtió sobre la eliminación de las ayudas sociales y la pobreza
La EAPN-ES advirtió que, si se eliminaran todas las ayudas sociales y pensiones, 10,8 millones de personas en España caerían en pobreza. El XIV Informe "El Estado de la Pobreza", presentado en el Senado, señala que,en la mayoría de las comunidades, la pobreza aumentaría más de un 50 % sin estas ayudas. Sin embargo, en regiones con pobreza elevada como Murcia, Canarias, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, el impacto sería menor.
Por otro lado, comunidades como Cantabria, Aragón, País Vasco y Asturias se destacan porque las ayudas reducen la pobreza de forma más significativa. Las pensiones de jubilación y supervivencia también son clave para mejorar la calidad de vida de los mayores y sus familias.
A nivel nacional, las prestaciones y ayudas de jubilación disminuyen la pobreza en 5,4 puntos en la población de hasta 64 años, beneficiando a dos millones de personas, aunque el impacto es menor en regiones con más pobreza.
Una asimetría entre el norte y el sur de Europa
En el ámbito europeo, el informe resalta la necesidad de fortalecer el papel del Estado en la garantía de derechos sociales. Aunque las transferencias sociales son importantes, su impacto en la reducción de la pobreza en España es inferior al de otros países de la Unión Europea.
Mientras en España estas transferencias logran disminuir la pobreza en un 52,6 %, en Alemania el efecto es del 64,9 %, en Francia del 67,2 % y en Finlandia del 70,7 %.
El estudio también evidencia una notable asimetría territorial entre el norte y el sur de Europa, reflejada en casi todos los indicadores de pobreza y exclusión social. Las comunidades del norte presentan tasas de pobreza y exclusión social que están de 0,8 a 11,5 puntos por debajo de la media nacional del 26,5 %, e incluso son más bajas que las medias europeas
En contraste, las regiones del sur exhiben tasas de pobreza significativamente más altas, superando en 1,5 a 10,9 puntos porcentuales la media nacional y sobrepasando cualquier cifra de otros países de la UE.
Esta discrepancia se atribuye a factores como la ubicación geográfica, la distribución de la población y la gestión política, así como a las distintas estrategias de cohesión e inclusión social.
La necesidad de políticas redistributivas más efectivas
El informe subraya que el crecimiento económico, por sí solo, no garantiza condiciones de vida dignas para toda la población y necesita ser complementado con políticas redistributivas más efectivas. Se señala que, a pesar de que el Producto Interior Bruto (PIB) ha crecido en todas las comunidades desde 2015, solo en diez de ellas se ha logrado una reducción significativa de la pobreza.
En regiones como La Rioja, Madrid, Cantabria y Castilla y León, un aumento del PIB superior al 15 % desde 2015 ha resultado en reducciones mínimas de la tasa de pobreza, entre un 1 % y un 3 %.
El informe también destaca que las crisis sucesivas, junto con el aumento del costo de la vida y la vivienda, han incrementado el riesgo de pobreza y exclusión social en el país, que ha crecido del 26 % en 2022 al 26,5 % en 2023, afectando a 12,7 millones de personas.
Solo Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura han mejorado su situación en comparación con el año anterior. Además, se revela que el 4,3 % de la población, alrededor de dos millones de personas, a pesar de tener ingresos suficientes para no ser considerados pobres, no pueden llevar una vida digna
La red enfatiza que la pobreza es un problema estructural que persiste en el tiempo, tanto a nivel europeo como estatal y en todas las regiones. Se defiende que las políticas implementadas ante las crisis recientes han sido útiles para contener la situación, pero no deben significar un retroceso en derechos sociales y calidad de vida.
Para erradicar de manera efectiva la pobreza y la exclusión social, es fundamental promover políticas sociales estructurales que se integren como derechos en un Estado de bienestar, en lugar de ser respuestas a crisis temporales.
Por último, se reitera la urgencia de establecer un Pacto Estatal de Lucha contra la Pobreza, que cuente con el consenso de todos los partidos políticos y los gobiernos autonómicos de cara a las ayudas y prestaciones.
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