El Supremo investigará si Borrás prevaricó en la adjudicación de contratos a un amigo

El Tribunal Supremo ha acordado este martes abrir procedimiento penal a la diputada y portavoz parlamentaria de Junts per Catalunya, Laura Borrás Castanyer, para investigar los indicios de diversos delitos apreciados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona cuando la aforada era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). 

El alto tribunal designa instructor de la causa al magistrado de la propia Sala II Eduardo de Porres, conforme al turno preestablecido. El Supremo destaca que los hechos descritos en la exposición razonada enviada por el juzgado de Barcelona y atribuidos a la persona aforada, en una valoración que necesariamente ha de ser muy provisional, “podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental”.

El Supremo extiende su competencia, además de a Borrás, a Isaías Herrero Florensa, el empresario supuestamente beneficiado de los contratos amañados, por la imprescindible conexión inicialmente apreciable entre la conducta que se le atribuye a esta persona y la que se imputa a la aforada, sin perjuicio de que el instructor, a la vista del resultado de la investigación, pueda proponer a la Sala lo que considere pertinente.

Ahora el TS ofrecerá a la diputada la posibilidad de declarar voluntariamente. En caso de que no acepte la esta posibilidad, el Tribunal Supremo se dirigirá al Congreso de los Diputados para solicitar el correspondiente suplicatorio.

Supuesto amaño en la adjudicación de contratos públicos

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, que preside Manuel Marchena, decide así sobre la apertura de una causa penal a la portavoz parlamentaria de JxCAT por el supuesto amaño en la adjudicación de contratos públicos por valor de casi 260.000 euros cuando era la presidenta de la Institución de las Letras Catalanas.

Según la Fiscalía, la dirigente independentista habría incurrido en delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude administrativo y falsedad documental, que pueden ser sancionados con años de prisión. Su imputación y la probable inhabilitación de Quim Torra por un delito de desobediencia dejaría descabezada a JxCAT en vísperas de un probable adelanto electoral en Cataluña. 

Adjudicación a un amigo

La Fiscalía pidió al Supremo que investigara a la portavoz de JxCAT Laura Borràs por presuntas irregularidades en la adjudicación a un amigo de un total de 18 contratos por valor de 259.863 euros entre 2013 y 2017, cuando ella dirigía la Institució de las Lletres Catalanes. En caso de que el TS vea indicios suficientes para abrir una investigación, pasará a pedir el correspondiente suplicatorio al Congreso de los Diputados.

La dirigente de JxCAT se ha visto implicada en este asunto como consecuencia de la investigación llevada a cabo por el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, que tras hallar indicios de delito remitió la correspondiente exposición razonada al Tribunal Supremo, la instancia judicial que puede juzgar a los aforados. 

Falsificación de presupuestos

La jueza catalana considera que Borrás "adjudicón directa o indirectamente de manera arbitraria" todos esos contratos a Isaías H., un programador informático de su confianza, con el que se puso de acuerdo para “defraudar" a la institución que dirigía mediante la "falsificación de presupuestos".

Según el ministerio público, la diputada "propuso la contratación, acordó la adjudicación, resolvió aprobar el gasto y certificó la ejecución total o parcial del servicio para efectuar el pago".

Para avalar esta tesis, los fiscales aportan correos y conversaciones telefónicas intervenidas en las que a Isaías H. reconocía que tenía “trapis” con “la jefa” (Borrás), que le permitían cobrar facturas que no correspondían al pago de trabajos reales.