Lectura fácil
El Ministerio de Defensa ha sacudido el tablero de la política sociolaboral este martes con un anuncio esperado durante décadas por los uniformados. Tras años de negativas y evasivas técnicas, el departamento que dirige Margarita Robles ha confirmado que iniciará los trámites legales necesarios para declarar la carrera militar como profesión de riesgo. Este movimiento pretende subsanar lo que las asociaciones profesionales calificaban de "insulto al sentido común": que quienes juran entregar su vida en defensa de España no estuvieran incluidos en el catálogo de actividades con especial peligrosidad.
Hasta la fecha, la normativa española mantenía una paradoja difícil de explicar. Mientras otros cuerpos de seguridad y sectores industriales gozaban de beneficios por su exposición al peligro, los miembros de las Fuerzas Armadas permanecían en un limbo administrativo. Esta decisión ministerial supone, por tanto, el primer paso para reconocer una realidad que ya es evidente en las misiones internacionales y en el adiestramiento diario de nuestras tropas.
Un reconocimiento histórico a la milicia como profesión de riesgo
La calificación que ahora se busca no es meramente simbólica; conlleva una serie de protecciones jurídicas y económicas de calado. Según la Seguridad Social, se consideran actividades "de riesgo" aquellas que, por su naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica o insalubre, provocan elevados índices de morbilidad o mortalidad. En este selecto y sacrificado grupo ya se encontraban los mineros, bomberos, policías locales y personal de vuelo. Sin embargo, los militares habían sido sistemáticamente excluidos de este abanico, a pesar de que más de 27.500 efectivos han sufrido accidentes en acto de servicio durante la última década.
El núcleo de la reivindicación reside en las condiciones de salida del sistema laboral. Al ser considerada la militar una profesión de riesgo, sus integrantes podrían acceder a coeficientes reductores en la edad de jubilación. Esto permitiría a los soldados y marineros retirarse antes de la edad ordinaria sin sufrir las penalizaciones económicas que actualmente merman sus pensiones. Es un reconocimiento a la "obsolescencia logística" del cuerpo humano en tareas de combate y operaciones especiales que requieren una plenitud física que el paso del tiempo, inevitablemente, erosiona.
Malestar entre las asociaciones por las formas del anuncio
A pesar de la importancia de la medida, el anuncio no ha estado exento de polémica. La noticia saltó de forma sorpresiva a través de las redes sociales del Ministerio, lo que ha generado un profundo malestar en las asociaciones profesionales como Aume y Atme. Estos colectivos denuncian que se han enterado por la prensa de una decisión que afecta al núcleo de su labor reivindicativa. Para muchos, este proceder es una muestra de "desprecio institucional" que devalúa el papel del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas).
Iñaki Unibaso, secretario general de Aume, ha señalado que, aunque valoran el avance como algo positivo, el hecho de que Defensa haya dado el paso "obligada por la presión" y sin comunicación previa empaña el hito. Las asociaciones llevaban meses insistiendo en la vulnerabilidad de las tropas, especialmente tras el reciente deterioro de la seguridad en misiones como las de Líbano e Irak, donde la evidencia de que se ejerce una profesión de riesgo es diaria y palpable bajo el fuego o los búnkeres de refugio.
El laberinto administrativo hacia la plena equiparación
El camino que se abre ahora no será sencillo. El Ministerio deberá proponer cambios legislativos que armonicen la situación de los efectivos según su fecha de ingreso. Aquellos que entraron a partir de 2011 y cotizan en el Régimen General tendrán una transición más fluida hacia los beneficios de la profesión de riesgo. Por el contrario, para los veteranos acogidos al régimen de Clases Pasivas, el proceso se antoja más complejo y requerirá la creación de "pasarelas" administrativas.
En los próximos meses, el debate se trasladará a las mesas técnicas donde se definirán los baremos de penosidad y peligrosidad. El objetivo final es que el ordenamiento jurídico refleje lo que el ciudadano ya sabe: que portar el uniforme conlleva un sacrificio personal superior al de cualquier otro empleo civil. Con este trámite, el Gobierno busca cerrar una brecha histórica y asegurar que, si un militar debe cumplir su juramento, el Estado responda con la protección que merece una profesión de riesgo en toda regla.
Finalmente, este cambio de postura de Defensa también tiene una lectura política. Ante las iniciativas parlamentarias de la oposición, el Ejecutivo ha decidido tomar la bandera de esta causa para evitar el desgaste en un sector, el militar, que demanda desde hace tiempo que se valore su compromiso de derramar "hasta la última gota de sangre" con algo más que palabras: con derechos consolidados bajo el sello de profesión de riesgo.
Añadir nuevo comentario