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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) celebra que España vaya a ratificar “por fin” la Carta Social Europea revisada, tras la autorización acordada esta semana por el Pleno del Senado, con lo que se culmina el procedimiento parlamentario.
España va a ratificar la Carta Social Europea revisada
Para el movimiento social de la discapacidad representado por el Cermi, esta próxima ratificación es un “hecho muy positivo para la protección social en España”, después de años de “dejación” del país en vincularse con este tratado europeo de garantiza de los derechos de contenido social.
El Cermi y todo el Tercer Sector de acción social ha reclamado la ratificación del acuerdo en estos últimos años porque robustecerá y ensanchará la protección social en España y ayudará a mitigar la fuerte deuda que España tiene con los derechos sociales comprometidos internacionalmente.
Que España ratifique también el Protocolo facultativo número 3, de reclamaciones colectivas, permite una vigilancia más intensa del cumplimiento del tratado por parte de los países signatarios para completar el marco social del Consejo de Europa. El procedimiento para la ratificación de este Protocolo está ya en marcha, por lo que en unos meses todo el bloque social del Consejo de Europa será plenamente vinculante para España.
¿Qué es la Carta Social Europea?
La Carta Social Europea (revisada) de 1996, que entró en vigor el 1 de julio de 1999, incorpora en un único instrumento todos los derechos garantizados por la Carta Social Europea de 1961, su Protocolo adicional de 1988 añade nuevos derechos y enmiendas aprobadas por los estados. Poco a poco va sustituyendo el tratado inicial de 1961. El texto garantiza los derechos y libertades de todos los individuos en su vida cotidiana.
Los derechos fundamentales establecidos en la Carta son sobre vivienda, salud, educación, empleo, protección legal y social, movimiento de personas y no discriminación. El Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR) es el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Carta por parte de los estados.
Tiene un sistema de denuncia colectiva
Este texto tiene un mecanismo de control basado en la presentación de informes nacionales de los estados (Protocolo de 1991, así como en un sistema de denuncia colectiva (Protocolo de 1995) que permite, “entre otras cosas”, a los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales a presentar reclamaciones colectivas.
El Comité está compuesto por 15 miembros independientes e imparciales elegidos por el Comité de Ministros del Consejo de Europa por un periodo de seis años, renovable una vez.
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