La Carta Social Europea ya ha entrado en vigor en España y supone un “hito” para la aplicación de los derechos sociales

España ha aprobado la ratificación de la Carta Social Europea, aceptando todas las disposiciones del tratado y aceptando el Protocolo Adicional de 1995 que prevé un sistema de reclamaciones colectivas.

España se convierte así en el tercer Estado miembro del Consejo de Europa, después de Francia y Portugal, en aceptar todas las disposiciones de la Carta revisada.

"La ratificación por parte de España de la Carta Social Europea Revisada y, además, la aceptación del procedimiento de denuncias colectivas, demuestra claramente el compromiso de España por la defensa y la promoción plena de los derechos sociales", afirmó Karin Lukas, presidenta del Comité Europeo de Derechos Sociales.

La Carta Social Europea revisada ha entrado en vigor en España el pasado 1 de julio

Desde su adopción en el año 1996, el Consejo de Europa ha animado a todos los estados miembros a ratificar la Carta Social Europea, debido a su naturaleza más moderna y completa.

La Carta garantiza una amplia gama de derechos humanos cotidianos relacionados con el empleo, la seguridad ocupacional, la salud, la protección y el bienestar social, la vivienda, la educación; con un énfasis especial en la protección de los grupos vulnerables como los ancianos, los niños, las personas con discapacidad y migrantes. El disfrute de estos derechos debe ser garantizado sin discriminación.

Tras la ratificación de España, son 36 los Estados partes en la Carta revisada, mientras que siete siguen todavía obligados por la Carta de 1961 (Croacia, República Checa, Dinamarca, Islandia, Luxemburgo, Polonia y Reino Unido). Liechtenstein, Mónaco, San Marino y Suiza aún no han ratificado ninguno de los dos instrumentos.

Para el movimiento social de la discapacidad representado por el Cermi, esta entrada en vigor es un “hito”

La Carta Social Europea supone un gran avance para la aplicación de los derechos sociales vinculados con aspectos cruciales para la vida de una persona como son: la dignidad en el trabajo, la protección de las personas trabajadoras, el derecho a la igualdad de oportunidades, la protección contra la pobreza y la exclusión social, entre otras. 

De este modo, su vigencia durante años reclamada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), robustecerá y ensanchará la protección social en España y ayudará a mitigar la fuerte deuda que España tiene con los derechos sociales comprometidos internacionalmente.

Pero, ¿qué es la Carta Social Europea?

La Carta Social Europea de 1961 fue ratificada por España el 6 de mayo de 1980 y entró en vigor para nuestro país el 5 de junio de ese mismo año, aunque su contenido figuraba de hecho entre los elementos inspiradores de nuestra Constitución y del primer Estatuto de los Trabajadores.

La Carta Social Europea (revisada) de 1996 actualiza el contenido de la Carta de 1961, teniendo en cuenta los cambios sociales fundamentales acaecidos desde su adopción. Fue firmada por España en el año 2000, pero la necesidad de adaptar algunos aspectos de la legislación española llevó a posponer su ratificación hasta 2021.

Es incuestionable que la Carta Social Europea construyó un modelo de Estado de Bienestar, quizás el mejor que se conozca a nivel esquemático-normativo internacional.

La ratificación de la Carta Social Europea revisada (CSER) por España –lo acaba de hacer también Alemania– supondrá un cambio jurídico profundo. Si hasta ahora solo se atendía a la jurisprudencia (civil) del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ahora habrá que hacer las cuentas con otro órgano de garantías incómodo para los Estados y los tribunales nacionales, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS).

Esta ratificación llega en el momento oportuno, sobre todo, por la situación que estamos viviendo, con un aumento de la situación de pobreza y de exclusión social, de la desigualdad de género, de la pobreza infantil y de la precariedad en el empleo, entre otros.

Temas clave como el salario mínimo o la reacción a los despidos sin causa tendrán que cambiar profundamente. Lo veremos.