20/03/2023 - 08:37
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Un total de 59 personas del tejido social articulado en torno al Cermi representarán a España en el Parlamento Europeo de la Discapacidad, que se desarrollará el próximo mes de mayo en Bruselas (Bélgica).
El Parlamento Europeo defendió en 2020, una sociedad inclusiva en la que los derechos de las personas con discapacidad estén protegidos y no haya discriminación.
Durante la sesión plenaria de junio de 2020, los eurodiputados fijaron sus prioridades para una nueva estrategia de discapacidad de la UE después de 2020, sobre la base de la estrategia europea sobre discapacidad 2010-2020.
La Comisión Europea adoptó en marzo de 2021 la estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad 2021-2030 en la que recogió las principales recomendaciones del Parlamento:
- La integración de los derechos de todas las personas con discapacidad en todas las políticas y áreas.
- Igualdad de acceso de las personas con discapacidad a la atención médica, empleo, transporte público y vivienda.
- Medidas de recuperación y mitigación para evitar que las personas con discapacidad se vean afectadas de manera desproporcionada por crisis de salud como la del COVID-19.
- La implementación y el desarrollo posterior del proyecto piloto de la tarjeta de discapacidad de la UE, que permite el reconocimiento mutuo de la discapacidad en algunos países de la UE.
- Las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones formaron parte del diálogo y se implicarán en el proceso de implementación.
Siguiendo esta estela, y luchando por el cumplimiento de dichas recomendaciones, estos 59 representantes (tantos en número como eurodiputados españoles hay en la actualidad) enviados por el Cermi, participarán durante dos días en los debates que en la sede de la Eurocámara se producirán en relación con las grandes cuestiones de la agenda política de la discapacidad.
Se estima que hay 87 millones de personas con discapacidad en la Unión Europea
La estrategia europea sobre discapacidad se estableció para implementar la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Entre las iniciativas concretas lanzadas gracias a la estrategia europea se encuentra la ley europea de accesibilidad, que garantiza que más personas con discapacidad tengan acceso a más productos y servicios como teléfonos inteligentes, tabletas, cajeros automáticos o libros electrónicos.
La directiva sobre accesibilidad está dirigida a garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a los datos y servicios en línea de sitios web y aplicaciones operadas por instituciones del sector público como hospitales, tribunales o universidades.
El programa de intercambio de estudiantes Erasmus+ promueve la movilidad de los participantes con discapacidad.
Los eurodiputados han presentado sus sugerencias para defender los derechos de las personas con discapacidad y luchar contra la discriminación
La representación del Cermi aprovechará el foro europeo que se celebra en mayo, para exponer y recabar apoyos para las propuestas en materia de discapacidad que centrarán el semestre español de presidencia de la Unión Europea, que se extenderá de julio a diciembre de 2023.
La delegación española llevará cuestiones como la adopción de una normativa reguladora de la tarjeta europea de discapacidad, que homologue el reconocimiento jurídico de la misma en todos los países de la Unión.
También se planteará desde España la garantía del derecho de sufragio para todas las personas con discapacidad en cada uno de los países miembro en las elecciones europeas y la declaración oficial de un año europeo dedicado a las mujeres y niñas con discapacidad.
Así, la representación del Cermi en el Parlamento demanda un sistema que promueva la participación social, basado en comunidades accesibles que ofrezcan los servicios y los cuidados necesarios, en consonancia con la Estrategia Europea de Discapacidad. Los eurodiputados también exigen que se amplíen los beneficios de la futura tarjeta de discapacidad de la UE y que su introducción sea una obligación para los Estados miembros, al igual que las medidas para entornos educativos y servicios sanitarios inclusivos.
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