CERMI exige criterios laborales claros para evitar casos como el cese temporal de una profesora con discapacidad visual

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha instado al Gobierno de Canarias a implementar criterios claros y transparentes en los procesos de acceso a la función pública. Esto surge tras el caso de Uxía García, una profesora con discapacidad visual del 66 %, quien fue declarada "no apta" para ejercer funciones de Pedagogía Terapéutica tras superar las oposiciones al Cuerpo de Maestros en 2024. Aunque la Consejería de Educación revocó temporalmente su cese, García no podrá ser funcionaria hasta resolver el proceso contencioso-administrativo en curso.

Aprobar unas oposiciones, en el caso de Uxía García Freire (Miño, 1996), al cuerpo de maestros en Canarias en el verano del 2024, no siempre es sinónimo de estabilidad. Desde el pasado otoño su estancia en Tenerife se ha convertido en una odisea inesperada. Una de las consecuencias de la amaurosis congénita de Leber con la que nació y que pertenece al grupo de las distrofias de la retina. Un condicionante que ya se conocía y había sido comunicado cuando se presentó en junio a los exámenes. Ella lo hizo, precisamente, en las plazas reservadas a personas con una discapacidad.

Un caso de discriminación que contraviene derechos fundamentales

CERMI Canarias considera que lo ocurrido con Uxía García representa una "discriminación flagrante" hacia las personas con discapacidad. Este caso vulnera tanto la Constitución Española, en sus artículos 14 y 49, como la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Según CERMI, la falta de protocolos claros en las evaluaciones y los procesos de selección para personas con discapacidad propicia arbitrariedad, alejándose del principio de igualdad de oportunidades.

Además, el incumplimiento del Decreto 8/2011, que regula el acceso al empleo público para personas con discapacidad, evidencia la ausencia de ajustes razonables necesarios para garantizar su desempeño laboral. CERMI señala irregularidades en los criterios de la Inspección Médica, los cuales no consideran informes médicos ni administrativos que avalan la capacidad profesional de los aspirantes.

La necesidad de un protocolo específico

Para prevenir discriminaciones, el Comité ha solicitado al Gobierno de Canarias la creación de un protocolo que regule los procesos de selección y evaluación de personas con discapacidad. Este debería incluir criterios objetivos, ajustes razonables y alinearse con la Convención de la ONU y la legislación española.

Además, CERMI propone revisar las normativas aplicadas por la Inspección Médica, garantizando que se adapten a las necesidades reales de las personas con discapacidad y respeten sus derechos. Este protocolo sería un paso esencial para fomentar la igualdad y prevenir casos similares en el futuro.

Promover el diálogo y el apoyo jurídico

CERMI también subraya la importancia de establecer un canal de diálogo efectivo entre las instituciones públicas, como la Consejería de Educación y las entidades que representan a personas con discapacidad. Este diálogo permitiría coordinar acciones y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Finalmente, aboga por proporcionar apoyo jurídico y administrativo a las personas afectadas por discriminaciones laborales. Esto garantizaría su defensa en procedimientos legales y reforzaría la protección de sus derechos.

El caso de Uxía García pone de manifiesto la urgente necesidad de establecer medidas que aseguren un acceso igualitario al empleo público, eliminando barreras y discriminaciones hacia personas con discapacidad.