Certificado de discapacidad: todo lo que tienes que saber

El certificado de discapacidad acredita la condición legal de las personas con discapacidad, así como el grado concreto que presentan.

Esta documentación va dirigida a personas con un grado igual o superior al 33 % de discapacidad física, sensorial, intelectual, mental y/o del desarrollo.

Este documento se expide tras una valoración multiprofesional (médica, psicológica y social) y que acredita que la persona tiene limitaciones objetivas para realizar determinadas actividades.

Certificado de discapacidad

Tal y como lo ve la administración, la discapacidad es un mecanismo de protección pública. Es por ello que persiguen apoyar, a través de beneficios y ventajas sociales a las personas que cuentan con limitaciones y restricciones de determinadas actividades.

Las personas con discapacidad que cuentan con el certificado de discapacidad tienen acceso a beneficios, derechos económicos y servicios de organismo públicos, como:

• Ventajas fiscales
• Accesibilidad
• Empleo
• Prestaciones económicas
• Prestaciones asistenciales
• Ayudas a la educación

Por otro lado, nos encontramos con la tarjeta de discapacidad, un documento personal, más cómodo y resistente que el certificado de discapacidad, y que sustituye a este en formato plastificado.

Beneficios del Certificado de discapacidad

• Ventajas fiscales: Obtención de descuentos en el impuesto sobre la renta, además de se incluye la necesidad de ayuda de tercera personas para desplazamiento a lugar de trabajo, movilidad reducida, necesidad de vivienda adaptada, etc.

• Accesibilidad: Acceso a ayudas y descuentos en transporte,  adaptación de vehículos, prótesis y órtesis… También se incluye en este apartado la adaptación del puesto de trabajo y la adaptación de pruebas selectivas en el acceso al empleo público

• Empleo: El certificado de discapacidad ofrece, entre otras cosas, ayudas a las empresas. Además, reserva del 7% de las ofertas de empleo público para personas con discapacidad. Además, existe una normativa legal, Ley General de los Derechos de las Personas con discapacidad y su inclusión social (LGD), que exige a las empresas de más de 50 trabajadores la obligatoriedad de incorporar un porcentaje de empleados con discapacidad no inferior al 2 %. El incumplimiento de esta ley es objeto de sanción por parte de los organismos públicos.

• Prestaciones económicas: Hay que recordar que la pensión no contributiva de invalidez es compatible con el trabajo remunerado en determinados casos. Además, hay que sumar otras prestaciones económicas y sociales para personas con discapacidad como la Asistencia Sanitaria y Prestación Farmaceútica o el Subsidio de Movilidad y Compensación para Gastos de Transporte. En el apartado familiar también existe la asignación económica por hijo o menor con discapacidad acogido a cargo, o mayores de 18 años con un grado de discapacidad igual o superior a 65 %.

• Prestaciones asistenciales: Dependiendo del grado de discapacidad es posible acceder a ayudas de las administraciones públicas para la mejora de la calidad de vida. En este sentido hablamos de subvenciones y/o ayudas de carácter individual destinadas a tratamientos rehabilitadores, productos de apoyo, accesibilidad y adaptaciones en el hogar, etc.

• Ayudas a la educación: Acceso a la reserva de puestos en centros educativos, exención de pago de matricula en la Universidad, becas u optar a otros recursos y apoyos a la educación.

El certificado de discapacidad ofrece otros beneficios a las personas con discapacidad, por ejemplo:

• Reducción de requisitos para la obtención del carnet de familia numerosa
• Derecho a la protección jurídica en caso de discriminación
• Ampliación del periodo de descanso por maternidad en los supuestos de discapacidad del hijo o menor acogido.
• Tratamientos rehabilitadores y de apoyo, etc.