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El temor ante las olas de calor, las sequías y las inundaciones ha dejado de responder a etiquetas políticas en España. Según el informe Attitudes towards extreme weather events in Spain, el 87 % de la ciudadanía está preocupada o muy preocupada por sufrir el impacto de estas alteraciones atmosféricas. El trabajo, elaborado por Climate Opinion Research Exchange (CORE) por encargo de Esfera Climática —proyecto del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)— sobre 5.027 personas, constata que el clima extremo ya se percibe como un riesgo personal, económico y de seguridad.
Esta inquietud comienza a proyectarse sobre el comportamiento electoral. El 69 % de los encuestados asegura que probablemente o definitivamente no votaría a un candidato que renunciara a afrontar el cambio climático y sus efectos, evidenciando que la gestión ambiental gana peso en las urnas.
Un consenso transversal frente al clima extremo
El desglose por preferencias políticas constituye uno de los datos más reveladores del estudio difundido por el CREAF, pues apenas existen cinco puntos de diferencia entre ambos extremos ideológicos. La alarma alcanza el 89 % tanto en la extrema izquierda como en el centroizquierda, se sitúa en el 87 % en el centro, baja al 85 % en la derecha y se mantiene en el 84 % en la extrema derecha. Incluso en el segmento más escéptico, ocho de cada diez ciudadanos reconocen sentirse vulnerables ante el clima extremo.
Sin embargo, esa unanimidad en el diagnóstico se fragmenta al traducirse en exigencias políticas. Mientras que el rechazo electoral hacia un dirigente que ignore el problema escala hasta el 81 % en el centroizquierda, cae al 57 % en la extrema derecha. Esta brecha de 24 puntos demuestra que, aunque existe consenso sobre la gravedad del riesgo, persisten diferencias en las recetas y la urgencia para actuar.
Del temor abstracto a las consecuencias en el bolsillo y el territorio
La homogeneización de la inquietud responde en buena medida a la vivencia acumulada. Más de la mitad de la población afirma haber sufrido ya algún episodio de clima extremo. Dentro de este grupo, las olas de calor resultan casi universales (90 %), seguidas de las sequías (57 %), las tormentas intensas (51%), las inundaciones (43 %) y los incendios forestales (42 %).
Lejos de preocupaciones ecológicas abstractas, esta experiencia cotidiana se proyecta sobre la economía doméstica y el entorno cercano. El 86 % de los españoles teme que la sequía provoque un encarecimiento de los alimentos, mientras que al 87 % le inquieta la destrucción de paisajes naturales, bosques y zonas rurales. El debate público abandona así las abstracciones para centrarse en la cesta de la compra y la supervivencia del medio rural.
Seguridad nacional y demandas de protección ciudadana
El estudio detecta además un giro en el marco con el que la sociedad interpreta estos fenómenos: el 86 % de los participantes considera que estas perturbaciones meteorológicas constituyen ya una cuestión de seguridad nacional. Esta percepción impulsa una demanda firme de políticas públicas de prevención y respuesta frente al clima extremo.
En este sentido, el respaldo ciudadano a los mecanismos de protección civil es mayoritario. El 88 % apoya el envío de alertas de emergencia a los teléfonos móviles —sistema estrenado en España tras la DANA de Valencia—, y un 85 % sostiene que los responsables políticos deberían garantizar compensaciones económicas a los damnificados.
Las energías renovables como herramienta de soberanía y empleo
El segundo gran bloque del informe aborda la transición energética, arrojando una conclusión significativa: el argumento que más cala no es el climático, sino el geopolítico. El 70 % de los encuestados considera que sustituir los combustibles fósiles por fuentes limpias supone una oportunidad para reducir la dependencia energética de terceros países.
En segundo lugar, el 66 % vincula este cambio con la creación de empleo y la reindustrialización. Aunque aquí reaparecen matices ideológicos, el consenso sigue siendo mayoritario en todo el espectro: alcanza el 75 % en el centroizquierda y el 72 % en la extrema izquierda, frente al 64 % en la derecha, el 62 % en el centro y el 60 % en la extrema derecha. Incluso en el extremo más conservador, seis de cada diez personas asocian la descarbonización con industria y trabajo ante los retos del clima extremo.
Un patrón respaldado por otros barómetros europeos y españoles
Los resultados obtenidos por CORE y el CREAF no son un caso aislado. La encuesta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), publicada a principios de noviembre, situaba también la menor compra de petróleo y gas importados como la principal ventaja que los españoles esperan de la transición ecológica, por delante de la propia reducción de emisiones.
El contexto explica esta prioridad: la tasa de dependencia energética exterior de España ronda el 68 % en los últimos ejercicios pese a las mejoras logradas. Esta vulnerabilidad estructural explica por qué la autonomía estratégica persuade más que el sacrificio ambiental. Los datos encajan además con la serie histórica del Real Instituto Elcano, donde cerca del 85 % de la población defiende que la electricidad consumida proceda de fuentes renovables, confirmando que la experiencia vivida frente al clima extremo ha consolidado un consenso transversal por encima de las identidades políticas.
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