Más de 100.000 españoles con movilidad reducida no tienen ayuda para salir a la calle, según COCEMFE

Según la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), más de 1,8 millones de españoles con movilidad reducida necesitan ayuda para salir de sus hogares. Además, alrededor de 100.000 personas no pueden salir nunca porque no tienen acceso a esta asistencia. Muchas otras personas se ven forzadas a vivir en instituciones debido a la falta de viviendas adecuadas y accesibles. La entidad ha solicitado al Gobierno que reforme la Ley de Propiedad Horizontal para permitir obras que mejoren la accesibilidad en edificios residenciales, en respuesta al anuncio de reformas enfocadas en los pisos turísticos.

COCEMFE alerta sobre la situación complicada de los españoles con movilidad reducida

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) alerta sobre la difícil situación de más de 1,8 millones de españoles con movilidad reducida, quienes requieren asistencia para salir de sus viviendas.

Cerca de 100.000 personas enfrentan la imposibilidad de salir debido a la falta de esta ayuda crucial. Además, miles de individuos se ven obligados a vivir en instituciones, incapaces de encontrar una vivienda digna y accesible.

COCEMFE ha expresado su preocupación al Gobierno por las limitaciones actuales en la Ley de Propiedad Horizontal, las cuales impiden realizar obras de accesibilidad en edificios residenciales.

Esta situación ha llevado a un cuarto de las personas con discapacidad a abandonar sus hogares en busca de opciones habitacionales más adecuadas, subrayando así una grave violación de su derecho fundamental a una vivienda digna.

El presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, denuncia que aún persisten numerosas comunidades de vecinos inaccesibles debido a lagunas en la Ley de Propiedad Horizontal, que permiten a las comunidades evitar intervenciones necesarias bajo el argumento de costos elevados. La entidad ha estado instando al Gobierno durante años para reformar esta ley y evitar situaciones donde las comunidades son responsables de estas obras.

Las obras para garantizar la accesibilidad universal son obligatorias

Según la ley actual, las obras para garantizar la accesibilidad universal son obligatorias siempre que el coste no sea "una carga desproporcionada", definida como más de 12 mensualidades de gastos comunes.

Esto significa que la instalación de ascensores, por ejemplo, a menudo no es obligatoria debido a su alto costo, a menos que se cubra el 75 % con ayudas públicas, que solo alcanzan al 10 % de las comunidades.

A pesar de las reformas realizadas desde 2019, el problema persiste: las comunidades no siempre enfrentan estas obras debido a su no obligatoriedad y falta de financiación adecuada, dejando la responsabilidad de garantizar el derecho a la accesibilidad en manos de los ciudadanos.

COCEMFE insiste en que las modificaciones planeadas en la Ley de Propiedad Horizontal, especialmente en relación con los pisos turísticos, deben incluir la histórica demanda de asumir integralmente los costos de obras de accesibilidad en edificios donde viven personas con discapacidad o mayores de 70 años, facilitando ayudas públicas suficientes para hacerlas viables para las comunidades y sus residentes.

Fondos estatales

COCEMFE ha propuesto la creación de un Fondo Estatal por la Accesibilidad Universal mediante una ley que destinaría el 1 % de los Presupuestos Generales del Estado anualmente a inversiones en obras públicas, infraestructuras, nuevas tecnologías y sociedad de la información.

Este fondo, según la propuesta, estaría destinado a financiar programas y actuaciones de accesibilidad universal en todo el territorio español. Además, permitiría a las administraciones estatales, autonómicas y locales establecer ayudas específicas para que todas las comunidades de vecinos puedan realizar las intervenciones necesarias para mejorar la accesibilidad en sus edificios.

La entidad argumenta que esta medida sería crucial para asegurar que todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas, puedan acceder y disfrutar plenamente de los espacios públicos y privados en igualdad de condiciones.