Colombia encabeza la lista de asesinatos a defensores de derechos humanos

El informe anual de Front Line Defenders destaca que Colombia registra la mayor cantidad de defensores de derechos humanos asesinados, con 146 casos, seguido por México, Brasil y Honduras. En total, se identificaron al menos 300 víctimas en 28 países durante 2023, con nueve países latinoamericanos representando el 79 % de los casos.

La cifra global de asesinatos de defensores de derechos humanos es la más baja desde 2017. Aunque en Colombia es menor que en 2022, cuando se registraron 186 casos, representa un porcentaje más alto del total desde 2020, superando el 53 %. En 2023, este porcentaje se redujo al 48 %. Esto subraya el creciente conflicto armado interno por el control de territorios con economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, y su impacto en las comunidades, especialmente en las zonas rurales.

Los desafíos de los defensores de los derechos humanos

El informe señala que el contexto en el que operan los defensores de derechos humanos en Colombia sigue siendo sumamente peligroso. Los defensores están atrapados en luchas de poder con actores violentos no estatales que buscan ejercer control social, económico, político y territorial, intentando destruir o reemplazar el liderazgo afrodescendiente e indígena.

Solo en la última semana, varios municipios de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, en el suroccidente del país, sufrieron una serie de ataques violentos que resultaron en la muerte de un menor de 12 años, dos policías y dos reclusos.

Los atentados fueron atribuidos a estructuras vinculadas al Estado Mayor Central (EMC), un grupo disidente de las antiguas FARC con el que el gobierno de Gustavo Petro está negociando como parte de su objetivo de alcanzar la llamada paz total, un objetivo cada vez más incierto. La crisis ha sido tan grave que ha fracturado al EMC debido a desacuerdos sobre el camino a seguir en esta búsqueda.

Los riesgos de la justicia

Además de enfrentar confinamiento, desplazamiento, reclutamiento forzado de menores y despojo de tierras, los defensores de causas sociales sufren estigmatización. Aquellos que denuncian a cualquier bando o revelan alianzas entre autoridades y grupos ilegales arriesgan ser asesinados. "Etiquetar a los defensores de derechos humanos como objetivos militares por parte de actores armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las FARC ha socavado completamente su protección", señala el informe de Front Line Defenders.

Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores, una organización colombiana aliada de la ONG, afirma que el informe evidencia un fallo estructural. "Demuestra que el Estado colombiano ha fallado en su deber constitucional de proteger la vida y la integridad de líderes y defensores que han sido asesinados por buscar transformaciones profundas en un país desigual, como la defensa de la tierra", sostiene.

31 % de los defensores han sido asesinados

De los asesinatos registrados en Colombia el año pasado, al menos 64 eran indígenas, campesinos y afrodescendientes, reflejando la situación mundial donde el 31% de las víctimas eran defensores de los derechos de los pueblos indígenas. El informe alerta que el total de asesinatos documentados de defensores de derechos humanos en la última década ha alcanzado casi 3.000 a nivel global.

Este escenario obstaculiza la defensa de los derechos de las comunidades y debería ser motivo de preocupación regional, subraya Óscar Daza, secretario general de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC). "Hay muchos intereses en los territorios, y los pueblos indígenas siempre hemos sido una barrera contra acciones como la extracción ilegal de oro en la Amazonía. Defendemos la tierra por naturaleza, y las consecuencias son asesinatos, amenazas y desplazamientos. Estamos en medio de la guerra", expresa el líder.

La falta de seguridad para los defensores de derechos humanos también afecta la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y las antiguas FARC en 2016, así como la participación de la sociedad civil en negociaciones con el ELN, la última guerrilla en armas en el país.