El Congreso convalida la subida de las pensiones con el apoyo del PP y Ciudadanos y la abstención de Vox

El Congreso de los Diputados convalida la subida del 0,9% en las pensiones con el apoyo favorable del PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PP, Foro Asturias, Coalición Canaria, Partido Regionalista de Cantabria, PNV, UPN, EH Bildu, ERC y la abstención de Vox, BNG y la CUP, según el sentido de voto avanzado por sus diputados.

Máximo consenso político en torno a las pensiones

Sale adelante después de que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reclamase antes de arrancar el proceso el “máximo consenso” político en torno a las pensiones, algo que defendió como “uno de los mayores logros de la sociedad”. 

Durante la defensa del decreto recordó que el Pacto de Toledo, firmado ahora hace 25 años, “sirvió para reforzar la confianza de los españoles en el sistema de pensiones” y en 1995 la situación no era más complicada que la actual, pero “todos dejaron al lado los intereses particulares para lograr un consenso” que ahora reclama para reformar el sistema. 

Crecimiento inclusivo

“El estado de bienestar y el sistema de las pensiones son la garantía para conseguir un crecimiento inclusivo”, manifestó y subrayó que, prueba de que es prioridad del Gobierno de coalición, es que ha sido la primera medida que adopta. “El sistema de pensiones es sólido y no podemos permitirnos que la falta de acuerdo ponga en duda esa solidez”, concluyó. 

El real decreto ley de las pensiones, aprobado el 14 de enero, fija una revalorización de todas las pensiones un 0,9% en 2020 con efectos retroactivos desde el 1 de enero, lo que tendrá un coste anual de 1.406 millones de euros. Si el IPC fuese superior garantiza su actualización con el aumento real contabilizado con una paga extraordinaria compensatoria antes de abril de 2021. 

Beneficia a más de 11 millones de personas

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones indicó que la medida beneficiará a más de 11 millones de personas. Ese censo se reparte en 9.801.016 pensiones contributivas, más de 655.000 de clases pasivas, 451.156 pensiones no contributivas y 195.000 hijos a cargo con discapacidad mayor o igual al 65%. “Entre los pensionistas se encuentran algunos de los colectivos más vulnerables. Una forma de garantizar que no se quedan atrás es garantizar el poder adquisitivo”, glosó. 

Con esta subida, la pensión de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo, la más común de las prestaciones mínimas, alcanzará los 843,40 euros mensuales por 14 pagas. Por su parte, la pensión máxima para este año se sitúa en los 2.683,34 euros al mes; la pensión del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) en 437,7 euros mensuales, y las no contributivas quedan fijadas en 395,6 euros mensuales.

Atrasos e IPC

Completada la convalidación del decreto-ley, los atrasos correspondientes al mes de enero se incluirán en la nómina de febrero, ya que ha sido preciso el desarrollo de un aplicativo informático específico para el abono de la revalorización correspondiente al mes de enero.

Durante su intervención el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones garantizó que las pensiones mínimas volverán a más que el IPC, pero emplazó la fijación de su revalorización al “contexto presupuestario” para saber con qué margen se cuenta e indicó que su deseo sería consensuarlo posteriormente también en el proceso parlamentario de dichos Presupuestos. 

Abstención de VOX

Vox se desmarcará del apoyo casi mayoritario por “un sentido de responsabilidad”, dado el inexistente margen presupuestario para revalorizar las prestaciones y porque “no se formula medida alguna que garantice la financiación”, según explicó su diputado Víctor Gonzalez Coello de Portugal. “Deje de jugar con las pensiones como una moneda política”, espetó el diputado al Gobierno, acusándole de haber instrumentalizado su revalorización al supeditarla a la existencia de Gobierno. 

Durante su intervención denunció que los distintos gobiernos han ido subiendo las prestaciones sin arbitrar soluciones efectivas para su financiación “por incompetencia y cobardía” y pese a que la Seguridad Social arrastra un agujero de entre 18.000 y 20.000 millones de euros, que “irá aumentando con los años” en una especie de “esquema de Ponci”. Frente a la “permanente fuga hacia adelante”, conminó a abordar el problema con una reducción del gasto político y medidas que fomenten la natalidad y garanticen la “solidaridad intergeneracional”. 

Disconformidades

La diputada de la CUP, Mireia Vehí Cantenys, justificó la “abstención atenta” que ejercerá su partido por la disconformidad con la ambición de la medida, ya que considera que resulta “insuficiente”, el mismo argumento esgrimido por el diputado del BNG, Néstor Rego, para su abstención.

La diputada de la CUP denunció que en muchos casos apenas alcanzan los 11.000 euros al año, cuando una pensión de guerra excede los 20.000 euros y llega a 42.000 en las prestaciones más altas, “igual que la pensión de un secretario general del Tribunal Constitucional o, incluso, un letrado de las Cortes”. 

Desde el PP, José Ignacio Echániz, justificó el voto favorable en la necesidad de mejorar las prestaciones tras acusar al Ejecutivo de haber utilizado a los más de 11 millones de pensionistas “como rehenes” supeditando su revalorización a la existencia de un Gobierno. Según detalló, Echániz el Ejecutivo no utilizó ese argumento cuando estando en funciones sí pudo adoptar medidas como ampliar el permiso de paternidad, poner en marcha “el calamitoso” control de jornada horaria, adaptar las medidas frente al 'Brexit' o desbloquear los 4.500 millones de euros para las comunidades autónomas de la recaudación tributaria del 2019. 

Pacto de Toledo

“Necesitamos un Gobierno responsable que se preocupe del futuro”, pidió el diputado del PP antes de reclamar al Ejecutivo retomar el Pacto de Toledo que “torpedearon sus socios”, recordando que se frustró el acuerdo por la negativa a suscribirlo de Unidas Podemos, haciendo que en la reforma del sistema de pensiones que debe garantizar su sostenibilidad se perdió “año y medio”. 

En líneas muy similares se pronunció la diputada de Ciudadanos, Sara Giménez, al coincidir con el PP en reprochar el uso de los pensionistas como “moneda de cambio” para la investidura de Pedro Sánchez y acusar a Unidas Podemos de “dinamitar” el Pacto de Toledo. El partido anunció el voto favorable por “cuestión de justicia”, para garantizar la “dignidad de los pensionistas”. 

Prestaciones insuficientes

Como ellos, la mayoría de los partidos reclamaron al ministro retomar cuanto antes el Pacto de Toledo para garantizar la viabilidad del sistema en el futuro y consideraron insuficiente las prestaciones que cobran muchos de los beneficiarios.

El diputado de ERC, Jordi Salvador, aseguró que el sistema es “sostenible”. “No creemos que esté en crisis”, dijo, para reclamar a continuación que se garantice la actualización de las prestaciones “por ley”. Salvador recordó al Gobierno que su apoyo de investidura pivota sobre dos compromisos: facilitar una solución al conflicto catalán “de manera dialogada” y “rescatar los derechos sociales, laborales y civiles que durante años hemos ido perdiendo”. “Si no se garantiza el poder adquisitivo, ERC no estará al lado de este Gobierno, sino en la calle” con los pensionistas, advirtió.