Multas de más de 200 millones a seis grandes constructoras españolas por alterar durante 25 años las licitaciones públicas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha interpuesto una serie de denuncias que alcanzan los 203,6 millones de euros a seis grandes constructoras españolas tras alterar durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil.

Reuniones entre constructoras españolas para compartir sus estrategias

No es la primera vez que escuchamos hablar acerca de irregularidades dentro del sector de la construcción y empresas. El último caso ha ocurrido en estos días, cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha interpuesto una serie de multas con valores de 203,6 millones de euros hacia seis principales constructoras españolas.

El motivo de estas denuncias se debe a la alteración de miles de licitaciones públicas durante 25 años destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras. Tras la denuncia, las empresas están prohibidas a contratar con la Administración.

En cuanto a las constructoras españolas, la Competencia ha sancionado a las siguientes: Acciona (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones).

Según informa la CNMC, desde 1992 estas seis constructoras se reunían de forma semana y decidían los contratos públicos donde compartirían trabajos técnicos de sus ofertas. Además, compartían información sobre su estrategia de presentación a los distintos concursos públicos.

Entre las distintas licitaciones afectadas se encontraban infraestructuras de interés general como hospitales, puertos y aeropuertos y carreteras, según la CNMC. Este hecho fue un grave problema para la sociedad, ya que afectaron a miles de recursos de las Administraciones Públicas españolas.

Apariencia de independencia ante la presentación de ofertas

La CNMC explica cómo era exactamente el modus operandi de estas constructoras españolas: “las empresas no podían modificar los trabajos generados en conjunto para presentarlos en sus ofertas sin el conocimiento y la aprobación del resto de miembros de grupo. La única personalización admitida era la inclusión de logos y denominaciones de cada empresa en el documento para dar a las administraciones una apariencia de independencia”.

Además de estos encuentros de manera semanal, las empresas intercambiaban información comercial sensible y los miembros que las integrarían. En el caso de contratos de edificación y obra civil de infraestructura, la variable llegaba a alcanzar el 70 % de la puntuación del concurso, frente al 30 % de la económica.

Asimismo, el organismo oficial admite que las constructoras españolas disolvieron el grupo en el año 2017 y manifestaron que estos acuerdos podrían ser contrarios a las normas de Defensa de la Competencia.

Una menor variedad y calidad de las ofertas presentadas por las empresas

Según advierte Competencia, todos los acuerdos sancionados derivaron en una menor variedad y calidad de las ofertas técnicas presentadas por las empresas a la Administración contratante.

Estas conductas también afectaron a las demás empresas competidoras, quienes concurrieron a los contratos públicos en desventaja competitiva frente a estas empresas constructoras españolas.

Las constructoras, por su parte, han anunciado que recurrirán ante la Audiencia Nacional la multa y muestran su disconformidad ante la sentencia.