Los contratos a personas con discapacidad caen en 2024: uge una nueva Ley de Empleo

En 2024, los contratos realizados a personas con discapacidad cayeron un 0,8 % respecto al año anterior, sumando un total de 271.765 contrataciones, según los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Esta cifra es la más baja desde 2016, lo que evidencia una preocupante tendencia de retroceso en la inclusión laboral de este colectivo. A pesar de la leve caída en la contratación general de la población, que se redujo un 0,2 %, la disminución de los contratos a personas con discapacidad ha sido más acentuada, lo que ha incrementado la brecha laboral entre personas con y sin discapacidad.

Este descenso también se refleja en los contratos específicos para personas con discapacidad y en los empleos generados por los Centros Especiales de Empleo (CEE). El porcentaje de contratos específicos cayó un 4,4 %, mientras que los generados en los CEE disminuyeron un 1,8 %. Además, la participación de las mujeres con discapacidad en el empleo sigue siendo baja, representando solo el 41 % de los contratos, frente al 47 % registrado entre las mujeres de la población general.

Aumento de la contratación indefinida y mejor estabilidad laboral

A pesar de la caída en el volumen total de contratos, los datos también muestran una mejora en la estabilidad del empleo para las personas con discapacidad. La contratación indefinida ha aumentado significativamente, alcanzando el 23,4 %, un porcentaje que, sumado a los contratos fijos discontinuos, representa el 31,6 % del total de contrataciones. Sin embargo, este dato sigue estando por debajo del porcentaje registrado en la población general, donde los contratos indefinidos suman el 28 %. La estabilidad laboral, por tanto, está mejorando, pero las cifras siguen siendo insuficientes en comparación con el empleo general.

La contratación también ha mostrado avances en el ámbito de los jóvenes con discapacidad. Los contratos a personas menores de 30 años aumentaron un 3,9 % en comparación con el año anterior. A pesar de este crecimiento, los contratos a este grupo siguen representando solo el 19,6 % del total, una cifra baja en comparación con la población general, donde la participación de los jóvenes alcanza casi el 40 %.

Sectores y ocupaciones con mayor contratación

El sector de los servicios sigue siendo el principal motor de empleo para las personas con discapacidad, con un 82,4% de los contratos generados en este ámbito. Este porcentaje es considerablemente superior al registrado en la población general, donde el empleo en el sector servicios representa el 73,4 %. Dentro de este sector, las ocupaciones elementales continúan dominando, representando el 43,7 % de los contratos, especialmente en funciones como el personal de limpieza y peones de la industria manufacturera.

No obstante, también se observan avances en la inclusión de personas con discapacidad en ocupaciones de mayor cualificación. Algunos ejemplos son los trabajadores cualificados en huertas y jardines, artistas creativos y programadores informáticos. Estos datos indican que, aunque la mayoría de las contrataciones aún se centran en empleos de baja cualificación, hay ejemplos de inclusión en ocupaciones de mayor nivel.

Necesidad de una nueva Ley de Empleo

Ante este panorama, Sabina Lobato, directora de Formación y Empleo de Fundación ONCE, subraya la necesidad urgente de una nueva Ley de Empleo para personas con discapacidad. Según Lobato, la tramitación de esta ley es inaplazable para evitar que la brecha laboral continúe creciendo. La ley debe incluir estrategias públicas que faciliten el acceso al empleo para los jóvenes y para las personas que se reciclan profesionalmente debido a discapacidad sobrevenida. Además, se deben promover iniciativas innovadoras que generen cambios sistémicos en la empleabilidad y en la creación de una verdadera cultura inclusiva en las empresas.

El retraso en la aprobación de políticas ambiciosas y valientes para la inclusión laboral podría perpetuar la desigualdad en el acceso al empleo para las personas con discapacidad, lo que requiere un compromiso inmediato y eficaz por parte de las autoridades y las empresas.