La Fiscalía de Madrid ha archivado por primera vez una denuncia contra responsables o profesionales de residencias de ancianos por la muerte de pacientes por Covid-19 al entender que no hay responsabilidad penal.
El registro tendría como objeto la inhabilitación para trabajar con personas dependientes y, en caso de estudiantes en prácticas profesionales, que sean expulsados de los centros educativos correspondientes.
