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El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas.
El Defensor del Pueblo es elegido por el Congreso de los Diputados y el Senado. Desempeña sus funciones con independencia e imparcialidad, con autonomía y según su criterio. Goza de inviolabilidad e inmunidad en el ejercicio de su cargo.
Cualquier ciudadano puede acudir al Defensor del Pueblo y solicitar su intervención, que es gratuita, para que investigue cualquier actuación de la Administración pública española o sus agentes, presuntamente irregular. También puede intervenir de oficio en casos que lleguen a su conocimiento aunque no se haya presentado queja sobre ellos.
Da cuenta de su gestión a las Cortes Generales en un informe anual y puede presentar informes monográficos sobre asuntos que considere graves, urgentes o que requieran especial atención.
Tras la ratificación por el Estado español del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York el 18 de diciembre de 2002, las Cortes Generales atribuyeron al Defensor del Pueblo las funciones de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) en noviembre de 2009.
El Defensor del Pueblo, en su condición de MNP, realiza visitas preventivas a cualquier centro de privación de libertad destinadas a detectar problemas que pudieran favorecer la comisión de prácticas de tortura o malos tratos. Las conclusiones de estas visitas quedan reflejadas en el informe que cada año presenta a las Cortes Generales y al Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, con sede en Ginebra.
En su calidad de institución española para la promoción y protección de los derechos humanos (INDH), desarrolla relaciones de colaboración y asistencia técnica con las instituciones nacionales homólogas de otros Estados y facilita de forma independiente el seguimiento que periódicamente realizan las organizaciones internacionales sobre la situación en España de los derechos humanos.
"Te escuchamos, ¿en qué podemos ayudarte?, pon tu queja"
Esta es una de las invitaciones que se pueden encontrar en la página web oficial de la institución que vela por los derechos de los ciudadanos.
Con lo cual, la institución del Defensor del Pueblo tiene como principal objetivo investigar las quejas ciudadanas sobre actuaciones presuntamente irregulares de la Administración pública.
¿Cómo se elige al Defensor del Pueblo?
Desde su creación en 1982, la persona que lo preside es elegida por una mayoría de tres quintos. A Joaquín Ruiz-Giménez (1982-87) le siguieron Álvaro Gil-Robles (1988-93), Fernando Álvarez de Miranda (1994-99), Enrique Múgica (2000-05 y 2005-10) y Soledad Becerril (2012-17).
Su mandato dura cinco años y no recibe órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad, desempeñando sus funciones con independencia e imparcialidad, con autonomía y según su criterio. Además, goza de inviolabilidad e inmunidad en el ejercicio de su cargo.
Los datos más recientes, desde el 1 de enero al 5 de junio de este año, arrojan los siguientes datos: 27.994 ciudadanos atendidos, la realización de 10.385 actuaciones, 323 actuaciones de oficio y 1.113 resoluciones.
Según esta institución, las administraciones aceptan más del 82 % de las resoluciones del Defensor.
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