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Las familias españolas soportan la mayor parte del coste de los cuidados de cara a la dependencia. En 2025, aportaron 65.000 millones de euros, frente a los 37.000 millones de las administraciones públicas, mientras aumenta la demanda de atención y crece la presión sobre el sistema.
Las familias soportan gran parte del coste
Las familias españolas siguen teniendo un papel central en la atención a las personas que necesitan ayuda para vivir de forma autónoma. Un informe de Funcas señala que los hogares destinan muchos más recursos económicos a esta tarea que las administraciones públicas.
En 2025, las familias asumieron unos 65.000 millones de euros en gastos relacionados con los cuidados de larga duración. El Estado y las comunidades autónomas aportaron alrededor de 37.000 millones. La diferencia muestra el peso que continúa recayendo sobre los hogares. Según el estudio, por cada euro destinado por las administraciones a la dependencia, las familias aportan unos tres euros y medio.
España dedica menos recursos que otros países
El esfuerzo público español también presenta diferencias respecto a otros países. El gasto en cuidados representa cerca del 1 % del PIB. En el conjunto de la OCDE, la media alcanza el 1,8 %.
Algunos países europeos destinan una parte mayor de su riqueza a estos servicios. Países Bajos dedica alrededor del 4,4 % de su PIB, mientras que Noruega y Suecia superan el 2,4 %.
Estos datos reflejan las diferencias existentes en la forma de organizar y financiar los cuidados. En España, una parte importante de esta responsabilidad continúa dentro de los hogares.
Nuevas medidas para mejorar el sistema
La reforma de las leyes sobre dependencia y discapacidad incorpora cambios destinados a ampliar la protección social. Una de las principales medidas establece que el Estado deberá asumir el 50 % de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Además, se han previsto 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027. El objetivo es mejorar los servicios y reducir las listas de espera.
La reforma también introduce cambios en las prestaciones. Algunos servicios podrán combinarse entre sí. Entre ellos están la teleasistencia, los centros de día y determinados apoyos familiares.
También se refuerza la figura del asistente personal y se amplía la ayuda a domicilio. El plazo máximo para resolver algunas solicitudes pasa de seis a tres meses.
Las familias siguen reclamando más rapidez
A pesar de los cambios legales, muchas personas continúan encontrando dificultades para acceder a las ayudas. Los trámites pueden ser largos y requieren presentar numerosos documentos.
Esta situación afecta especialmente a quienes necesitan apoyo constante para atender a familiares mayores o con discapacidad. Los cuidadores pueden asumir durante meses tareas que requieren tiempo, esfuerzo y recursos económicos.
En España, más de 1,8 millones de personas reciben actualmente alguna prestación relacionada con la dependencia. La cifra podría seguir creciendo durante las próximas décadas debido al envejecimiento de la población.
Más necesidades en los próximos años para la dependencia
Las previsiones apuntan a que el número de personas que necesitarán apoyos podría superar los 2,5 millones en 2050. Para responder a esta situación será necesario contar con más profesionales y servicios especializados.
Funcas calcula que la demanda podría superar los dos millones de personas en 2030. El sector necesitaría entonces aumentar de forma importante su número de trabajadores.
El informe también destaca que más del 80 % de los cuidados continúa realizándose en el ámbito familiar. Por ello, el futuro de la dependencia no solo dependerá de las ayudas públicas. También estará relacionado con la capacidad de las familias, los servicios profesionales y las administraciones para responder a una necesidad cada vez mayor.
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