La defensa de derechos humanos y la dignidad no puede ser solo tarea de los estados, sino que exige un compromiso activo del sector privado y la sociedad civil para frenar el retroceso de libertades.
España regula el aborto desde 1985, cuando se despenalizó en determinados supuestos. En 2010 se aprobó una nueva ley que permitió la interrupción voluntaria del embarazo libremente hasta la semana 14.
Un informe reciente de la ONU advierte que la emergencia climática ya no es solo un problema ambiental, sino la mayor violación sistemática de derechos humanos de nuestra era.
