Un informe de la Fundación Internacional Baltasar Garzón señala que en España existe una brecha entre el desarrollo normativo en materia de igualdad de género y su aplicación efectiva en distintos ámbitos públicos.
El discurso de odio contra el pueblo gitano sigue presente en redes sociales, donde más de la mitad de los mensajes detectados en 2025 tienen carácter deshumanizante.
La defensa de derechos humanos y la dignidad no puede ser solo tarea de los estados, sino que exige un compromiso activo del sector privado y la sociedad civil para frenar el retroceso de libertades.
España regula el aborto desde 1985, cuando se despenalizó en determinados supuestos. En 2010 se aprobó una nueva ley que permitió la interrupción voluntaria del embarazo libremente hasta la semana 14.
