Todavía quedan déficits en materia de derechos humanos para personas con discapacidad

El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha puesto en relieve los retos que continúan existiendo en el ámbito de los derechos humanos para este colectivo, resaltando la persistente falta de igualdad, participación e inclusión social.

En un encuentro llevado a cabo en Servimedia, se reunieron expertos y activistas para discutir los desafíos que aún enfrentan las personas con discapacidad, dentro del marco de conmemoración de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El diálogo, moderado por José Manuel González Huesa, director general de Servimedia, contó con la participación de Avelina Alía, fiscal de la Unidad de Discapacidad y Mayores de la fiscalía general del Estado, quien hizo hincapié en la relevancia del acceso a la justicia para este colectivo, defendiendo que este derecho es fundamental para asegurar la plena independencia y vida comunitaria.

Por su parte, Isabel Caballero Pérez, coordinadora de la Fundación Cermi Mujeres, reflexionó sobre la situación de discriminación que siguen enfrentando las mujeres y niñas con discapacidad, a pesar de los avances en su visibilidad, indicando la necesidad de eliminar las barreras que persisten en su inclusión.

Además, Agustín Matía, director-gerente de Down España, expresó su preocupación ante la falta de progreso en la implementación de la educación inclusiva, señalando que, a pesar de los esfuerzos realizados, la situación parece retroceder en lugar de avanzar, especialmente en lo referente a la educación especial.

Debemos destacar estas deficiencias persistentes y fomentar la plena inclusión y participación de las personas con discapacidad en la sociedad

“Ahora es el momento para sentarse y reflexionar sobre lo mucho que hemos avanzado durante estos 75 años y ver el punto de partida que nos ha llevado aquí”, destacó el representante de la ONU, quien añadió que España está haciendo los deberes y ha avanzado mucho pero que todavía tiene cuestiones pendientes.

Las personas con discapacidad aún enfrentan numerosos desafíos en cuanto a sus derechos. A pesar de los avances en la legislación y en la conciencia social, persisten brechas significativas en la igualdad, la inclusión y la participación plena en la sociedad. Estos desafíos pueden manifestarse en diversas áreas, como el acceso a la justicia, la educación inclusiva, la autonomía personal, el empleo adecuado, la atención sanitaria y la plena integración en la comunidad.

En muchos casos, las personas con discapacidad enfrentan barreras físicas, sociales y culturales que limitan su acceso a oportunidades y servicios básicos. La falta de adaptaciones adecuadas en entornos físicos, la discriminación en el lugar de trabajo, la falta de acceso a la educación inclusiva y la limitada participación en la toma de decisiones son solo algunos ejemplos de los desafíos que aún persisten. Además, la visión estereotipada y limitada sobre la discapacidad en la sociedad puede contribuir a la exclusión y a la falta de reconocimiento de los derechos fundamentales de estas personas.

Es fundamental avanzar en derechos para las personas con discapacidad porque representa un compromiso con la igualdad, la justicia y el respeto a la dignidad humana

Garantizar los derechos de las personas con discapacidad no solo es un deber ético y moral, sino también un requisito para construir sociedades inclusivas y equitativas.

Promover la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad significa reconocer su pleno potencial y contribución a la sociedad. El acceso equitativo a la educación, el empleo, la atención médica, la participación en la vida pública y la autonomía son pilares esenciales para garantizar una vida digna para todas las personas, independientemente de sus habilidades o limitaciones físicas o mentales.

El avance en derechos para las personas con discapacidad también implica la eliminación de barreras, tanto físicas como sociales, que obstaculizan su participación plena en la sociedad. Al garantizar que tengan igualdad de oportunidades, se promueve un entorno más inclusivo y diverso que enriquece a toda la comunidad. Además, reconocer y respetar los derechos de las personas con discapacidad no solo beneficia a este grupo, sino que fortalece los valores fundamentales de justicia y solidaridad en la sociedad en su conjunto.